La voz del Pueblo Arhuaco (IKU) volvió a ser escuchada. En medio de una situación que amenaza su bienestar colectivo, la Procuraduría General de la Nación decidió actuar. A través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el ente de control abrió una actuación preventiva para atender la grave afectación de derechos fundamentales que hoy enfrentan las comunidades Arhuacas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Un territorio en silencio administrativo
La Procuraduría constató en terreno lo que las autoridades indígenas venían denunciando desde hace años: una parálisis institucional que ha puesto en riesgo la vida, la salud y el futuro de miles de familias.
Desde 2021, la suspensión del registro del representante legal del Pueblo Arhuaco ha bloqueado la ejecución de recursos públicos, impidiendo el funcionamiento de programas esenciales. Esa decisión —que podría parecer un simple trámite administrativo— ha generado una cadena de consecuencias que hoy se traduce en desnutrición infantil, deserción educativa, desatención médica y ruptura del tejido social.
Durante una visita técnica de verificación, el Ministerio Público documentó afectaciones críticas en salud, educación, alimentación, agua potable, saneamiento básico y gobernanza comunitaria. La constatación fue clara: los servicios esenciales están detenidos y la comunidad enfrenta una emergencia social silenciosa.
Mujeres, niños y jóvenes, los más golpeados
Los datos son alarmantes. Más de 2.000 mujeres gestantes no han podido acceder a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Al menos 5.000 niños carecen de alimentación diferencial, y más de 500 jóvenes han perdido la oportunidad de acceder a becas o continuar estudios superiores por falta de certificación.
La situación llega a extremos preocupantes: niños recién nacidos sin registro civil, lo que los deja fuera del sistema de salud y educación, condenándolos a una exclusión que se hereda.
Procuraduría exige acciones inmediatas
Ante la magnitud del problema, la Procuraduría requirió a las entidades nacionales y territoriales responsables —entre ellas los ministerios del Interior, Hacienda, Salud y Protección Social, Educación Nacional, Vivienda, Ciudad y Territorio; el Departamento Nacional de Planeación (DNP); el ICBF; las gobernaciones del Cesar, Magdalena y La Guajira; y los municipios con presencia Arhuaca— para que informen qué medidas concretas y urgentes están adoptando.
El organismo enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar sin dilaciones el acceso a salud, educación, agua potable y alimentación, en cumplimiento de los principios de progresividad, no regresividad y enfoque diferencial establecidos en la Constitución.
Vigilancia constante y posibles sanciones
La Procuraduría anunció que mantendrá presencia activa en el territorio y hará seguimiento permanente a las acciones de las instituciones. Su propósito es asegurar que se tomen decisiones efectivas y coordinadas que devuelvan a las comunidades su derecho a una vida digna.
El Ministerio Público también recordó que su función preventiva no excluye la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, y advirtió que podría iniciar nuevas investigaciones o sanciones si se comprueba incumplimiento en la garantía de derechos.
Una llamada a la acción nacional
Lo que ocurre con el Pueblo Arhuaco no es solo un asunto administrativo: es una alerta sobre el abandono estructural que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia. La intervención de la Procuraduría busca no solo restablecer servicios, sino también reavivar el compromiso del Estado con la protección integral de los pueblos originarios, cuya sabiduría ancestral sostiene buena parte de la identidad y equilibrio ambiental del país.
El registro suspendido desde 2021 frenó
los recursos del Pueblo Arhuaco.
