Se levanta paro campesino en Ventaquemada con mediación del gobernador Carlos Amaya

Tras cinco días de bloqueos, el diálogo entre el Gobierno Nacional, las comunidades de alta ladera y páramo y el gobernador de Boyacá permitió un acuerdo que restablece la movilidad y protege derechos del campesinado.

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Campesinos participando en las negociaciones con el gobierno nacional.
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Después de cinco días de bloqueos que afectaron la movilidad y el comercio en el centro del país, el Gobierno Nacional y las comunidades campesinas de alta ladera y páramo alcanzaron un acuerdo que puso fin al paro en el sector de Ventaquemada. La mediación del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fue decisiva para destrabar la negociación y evitar una crisis económica mayor en la región.

La firma oficial del pacto está prevista para este sábado 9 de agosto hacia el mediodía en el Puente de Boyacá, con la presencia de las ministras de Ambiente y Agricultura, así como de otros altos funcionarios del Ejecutivo. El acuerdo se selló tras una mesa de concertación en la que se discutieron las principales demandas de los manifestantes, incorporando compromisos para proteger los derechos campesinos, reconocer las particularidades territoriales y fortalecer su papel como actores clave en el desarrollo regional.

Resoluciones en disputa

El conflicto se originó por dos resoluciones del Ministerio de Ambiente. La Resolución 1275 de 2014 declaró como zona de reserva forestal el municipio de El Cocuy, excluyendo actividades agropecuarias y la frontera agrícola. Según Roberto Arango, vocero campesino, esta medida “designó el territorio únicamente como zona de conservación”, generando un fuerte impacto en la economía rural.

La Resolución 1405 delimitó el páramo Sierra Nevada de El Cocuy. Arango sostuvo que esta norma “violó disposiciones legales y constitucionales”, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, que exige consulta previa en decisiones que afecten territorios indígenas. Señaló que el Ministerio “ignoró ese mandato constitucional en su afán de delimitar y perseguir a los campesinos”.

La solución jurídica

Para resolver el conflicto, el gobernador Amaya presentó una propuesta jurídica respaldada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para derogar ambas resoluciones. Según el acuerdo, el próximo 19 de agosto quedará en firme la derogatoria, brindando seguridad jurídica y reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional.

Pese a la derogatoria, se mantendrá un instrumento de protección ambiental que blindará el páramo frente a actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos.

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Acuerdo sin confrontación

Carlos Amaya destacó que el acuerdo se logró sin el uso de la fuerza:

“Tengo la alegría de informarle a Colombia que, sin usar un solo gas, tanqueta, bolillo y sin ningún enfrentamiento, hemos llegado a un acuerdo con los campesinos de alta ladera”, afirmó.

“Como facilitador y mediador, me siento profundamente agradecido con Dios por este logro. Celebro este acuerdo que hoy solo espera la firma de las ministras de Ambiente y Agricultura”, añadió.

Con el levantamiento de los bloqueos, se restableció la movilidad en este corredor vial estratégico, evitando una mayor afectación en la economía de Boyacá y departamentos vecinos.

Gobernador de Boyacá, Carlos maya, en una de sus intervenciones con el campesinado y el Gobierno Nacional.

Derogatoria de dos resoluciones del Ministerio de Ambiente que impactaban la economía campesina entrará
en vigor el 19 de agosto.