El lunes 4 de agosto inició un paro minero indefinido en el departamento de Boyacá, convocado por algunos mineros que exigen al Gobierno Nacional revisar las políticas ambientales, tributarias y energéticas que, según ellos, están asfixiando al sector. A esta protesta se unieron campesinos de la zona de páramo, quienes también expresan preocupación por su sustento y permanencia en el territorio.
Desde el martes 5 de agosto, las consecuencias del paro ya son evidentes en las carreteras. Varias vías estratégicas del centro del país amanecieron bloqueadas, como el corredor Ubaté–Simijaca, específicamente en la Glorieta de la Vaca, generando un fuerte represamiento vehicular. El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que no existen rutas alternas en ese tramo, lo que ha incrementado la tensión entre transportadores, comunidades y autoridades locales.
¿Cuál fue la respuesta del presidente Gustavo Petro al paro minero?
Ante la situación, el presidente Gustavo Petro emitió un pronunciamiento extenso en el que explicó que la disminución de las exportaciones de carbón no es atribuible a decisiones del gobierno, sino a un fenómeno global de transición energética. En 2014, Colombia exportaba 90 millones de toneladas de carbón; en 2024, la cifra cayó a 60 millones.
Petro enfatizó que el mundo está cambiando sus modelos energéticos para enfrentar la crisis climática, y que el país debe adaptarse a esta nueva realidad. “Con bloquear Boyacá no se solucionará el problema del carbón”, dijo enfáticamente.
El mandatario propuso un modelo de transición que permita a las comunidades paramunas (campesinas y mineras) pasar de la explotación de carbón a formas sostenibles de agricultura. Habló de un “pacto por el agua” que involucre a las ciudades y al campo, en el que se reconozca económicamente el papel de los campesinos como cuidadores de los páramos.
También se refirió a la necesidad de ofrecer tierras no paramunas a quienes estén dispuestos a cambiar de actividad productiva, sin que esto implique desplazamientos forzados. “Transitar del carbón a agriculturas sostenibles no es sacar al campesinado paramuno a la fuerza”, aclaró Petro, insistiendo en que se necesita un acuerdo justo con el pueblo minero de los Andes.
¿Cuál es el trasfondo del conflicto y qué propone el Gobierno?
El conflicto tiene raíces profundas. Por un lado, los mineros se sienten amenazados por las nuevas regulaciones y la baja en la demanda de carbón. Por otro, el Gobierno busca proteger ecosistemas estratégicos como los páramos de Chingaza y Santurbán, fuentes vitales de agua para millones de personas en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y otras regiones del país.
El presidente reconoció que la presencia de comunidades campesinas en los páramos es consecuencia de una deuda histórica: la falta de una reforma agraria integral. En ese sentido, planteó que la solución debe ser estructural, con un enfoque de justicia ambiental y social.
También advirtió sobre los riesgos de la minería en zonas críticas: “La intención de sacar oro del páramo de Santurbán pone en peligro el agua de millones de personas”, afirmó. En su propuesta, el cuidado del agua debe ser parte de un esfuerzo global respaldado por fondos internacionales de adaptación climática.
Ante la situación, el presidente Gustavo Petro emitió un pronunciamiento extenso en el que explicó que la
disminución de las exportaciones de carbón no es
atribuible a decisiones del gobierno,
sino a un fenómeno global de transición energética.
