By Presidente del Consejo de Estado atendió peticiones de mineros sobre el caso de la magistrada Nelly Villamizar
Manifestantes presentaron una petición con más de mil firmas para solicitar suspensión de la medida realizada por el Consejo Superior de la Judicatura.
BOGOTÁ.
Guillermo Romero Salamanca.
El presidente del Consejo de Estado, Jorge Ramírez Ramírez, atendió a una comisión de mineros, productores de arcilla, comunidades indígenas y ambientalistas que realizaron un plantón frente a la institución como respaldo a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda y se comprometió con presentar hoy 3 de mayo, la solicitud de la comunidad de estudiar el caso de la defensora del Río Bogotá.
Villamizar de Peñaranda fue suspendida un año por el Consejo Superior de la Judicatura, “por acusar a funcionarios de ese tribunal de corrupción sin tener pruebas sino informaciones de ‘oídas’. Sin embargo, en el Consejo no le recibieron las pruebas, sino que procedieron a sancionarla, ha manifestado la magistrada.
En la actualidad, la magistrada adelanta un trabajo de defensa del Río Bogotá, luego de la sentencia del Consejo de Estado que obliga a 72 entidades, incluidos 46 municipios y seis ministerios, a la dura tarea de descontaminar el Río Bogotá, el más sucio de Colombia.
Literalmente con las botas puestas y un equipo compuesto por sesenta personas, la magistrada ha visitado casi todos los municipios que vierten aguas al Río Bogotá y ha cerrado curtiembres, empresas mineras y otras entidades que no cumplen con sus obligaciones de Ley. “Nos hace falta mucho para limpiar totalmente el río, pero debemos avanzar y esperamos que en unos años tengamos mejores noticias”, ha comentado Villamizar de Peñaranda a quien los ambientalistas hoy la consideran como “la mamá del Río Bogotá”.
Con la suspensión proferida por el Consejo Superior de la Judicatura atrasaría también el desarrollo de esta labor que adelanta la magistrada.
Ayer martes, además del plantón, en el cual participaron más de 400 mineros, ambientalistas y veedores, presentaron una petición al Consejo de Estado, con más de 1.200 firmas, para solicitarle reconsiderar la suspensión y permitir que la magistrada siga con su trabajo de protección del Río Bogotá.
En el plantón estuvieron comunidades de Chiquinquirá, Tausa, Suesca, Zipaquirá, Cogua, Soacha, Subachoque, Tabio, Tenjo y Chía, entre otros.
“En la actualidad, la magistrada adelanta un trabajo de defensa del Río Bogotá, luego de la sentencia del Consejo de Estado que obliga a 72 entidades, incluidos 46 municipios y seis ministerios, a la dura tarea de descontaminar el Río Bogotá, el más sucio de Colombia”.
