By La Procuraduría General de la Nación (PGN), ha presentado una serie de recomendaciones dirigidas a asegurar el cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales en el marco de las elecciones de 2023. Estas recomendaciones abarcan diversos aspectos, incluyendo la prohibición de celebrar convenios o contratos administrativos, la modificación de plantas de personal, la participación en política de servidores públicos y la observancia del principio de la planeación.
A través de la Directiva 010, dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes, directores y ordenadores del gasto en entidades descentralizadas municipales, departamentales y distritales, la Procuraduría ha instado a los servidores públicos para que continúen desarrollando sus labores de manera normal durante el período de restricción, cumpliendo los cronogramas de actividades y asegurándose de que la gestión se ajuste a los planes de desarrollo previamente aprobados.
Dentro de las «Prohibiciones a las autoridades para elecciones locales y departamentales», establecidas en la Ley de Garantías Electorales que se inició el pasado 29 de junio y culminará el 29 de octubre, la Procuraduría ha recordado que está terminantemente prohibido celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos, destinar recursos públicos para actividades proselitistas, inaugurar obras públicas o iniciar programas sociales en eventos donde participen candidatos o voceros políticos, así como modificar las plantas de personal, entre otras restricciones.
En cuanto a los servidores públicos y aquellos que ejerzan funciones públicas, la Procuraduría ha reiterado la Directiva 07 de 2023, la cual detalla las prohibiciones y conductas relacionadas con la intervención en actividades de los partidos políticos y en controversias políticas.
En relación con la contratación, se recomienda tener en cuenta las excepciones a las prohibiciones, como aquellas relacionadas con emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como la reconstrucción de infraestructuras afectadas por atentados, acciones terroristas, desastres naturales o situaciones de fuerza mayor. También se mencionan las excepciones aplicables a entidades sanitarias y hospitalarias.
El documento también destaca las excepciones a la prohibición de vinculación de personal a la planta estatal, las cuales permiten la provisión de cargos en caso de faltas definitivas (muerte o renuncia irrevocable al cargo debidamente aceptada).
La Procuraduría ha recordado que los Comités Territoriales de Control Electoral solicitarán la información necesaria y llevarán a cabo visitas preventivas para verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas. Además, estarán atentos a las directrices emitidas por la Comisión Nacional de Control Electoral.
Por último, se invita a la ciudadanía a ejercer el control ciudadano y a presentar quejas relacionadas con hechos, situaciones o conductas que vulneren lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Para ello, se ha habilitado el correo electrónico [email protected] y la página web de la entidad.
Servidores públicos deben cumplir cronogramas y ajustarse a planes de desarrollo previamente aprobados.
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