En un país donde las tensiones por la tierra, la seguridad y la productividad han marcado durante décadas la vida rural, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lanzó un mensaje contundente que ha empezado a generar debate en gremios, instituciones y comunidades: la propiedad privada, tanto en el campo como en las ciudades, debe ser protegida con firmeza, y para lograrlo se requiere un Estado más sólido, más cercano y más eficiente.
El pronunciamiento se dio durante el 41 Congreso Nacional Agropecuario, en Bogotá, escenario donde el jefe del Ministerio Público pidió construir una relación más activa entre el Estado y el sector empresarial, a la que definió como una “sinergia creadora” capaz de abrir caminos reales para el crecimiento de los territorios rurales, especialmente aquellos que históricamente han enfrentado rezagos profundos en infraestructura, empleo y oportunidades educativas.
Justicia y seguridad jurídica como cimiento del desarrollo agropecuario
El Procurador sostuvo que el país necesita con urgencia un sistema judicial fortalecido, confiable y accesible, que genere seguridad jurídica a quienes producen, invierten y trabajan en la ruralidad. Señaló que la ausencia de reglas claras no solo frena la inversión, sino que también incrementa la desconfianza en regiones donde la institucionalidad aún no logra consolidarse.
Para Eljach Pacheco, una justicia cercana permitiría atender a campesinos, comunidades étnicas, mujeres rurales y poblaciones vulnerables que, durante años, han tenido que enfrentar barreras que les impiden defender plenamente sus derechos. Afirmó que avanzar en este propósito facilitaría resolver disputas por la tierra, un tema sensible que se encuentra en el corazón de la Reforma Rural Integral y en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Un Estado que llegue donde aún no llega
El jefe del Ministerio Público alertó sobre los desafíos que asumen los empresarios del campo en medio de la falta de mano de obra calificada, la limitada infraestructura vial y productiva, y el acceso desigual a tecnologías modernas. Aseguró que estas condiciones aumentan los costos de operación, reducen la competitividad y generan desventajas frente a mercados más desarrollados.
Por ello, reiteró que el Estado debe mejorar la calidad y eficacia de su presencia institucional en las zonas rurales, de manera que las actividades agrícolas y pecuarias puedan avanzar sin las trabas que hoy impiden su expansión.
Seguridad rural: una urgencia que no da espera
En su intervención, Eljach Pacheco fue categórico al referirse al riesgo creciente que enfrentan los territorios rurales por amenazas armadas, extorsiones, presencia de grupos ilegales y dificultades logísticas para garantizar vigilancia efectiva.
Según el Procurador, Colombia no puede aspirar a un verdadero desarrollo mientras amplias zonas del campo sigan expuestas a la violencia.
En ese sentido, pidió reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y de la Policía, dotándolas con los recursos necesarios para proteger a las comunidades y garantizar condiciones mínimas de tranquilidad.
“Una Nación con inseguridad no puede ser una Nación próspera; por eso es impostergable alcanzar mejores estándares de seguridad, especialmente en los territorios”, enfatizó, marcando el cierre de un discurso que busca reactivar la discusión nacional sobre el futuro del campo.
Un llamado que pone el foco en la ruralidad
El mensaje del Procurador llega en un momento en el que el país enfrenta retos profundos: avance de economías ilícitas, tensiones por la tierra, brechas tecnológicas, necesidades de inversión y exigencias de paz territorial.
Su intervención plantea la necesidad de reconstruir la confianza entre instituciones, productores y comunidades, con la propiedad privada y la seguridad rural como temas centrales.
El debate queda abierto, y sus implicaciones podrían marcar la agenda política, económica y social en los próximos meses, especialmente en los departamentos donde el campo sigue siendo la principal fuente de vida y sustento.
La propiedad privada debe ser defendida con determinación en ciudades y zonas rurales, afirmó el Procurador.
