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PGN insta al Ministerio del Interior a proteger a alcaldes amenazados por grupos armados ilegales

La Procuraduría General de la Nación (PGN), en su calidad de máxima autoridad del Ministerio Público, ha instado al Ministerio del Interior a brindar todas las garantías necesarias a 12 alcaldes de 7 municipios que se encuentran ejerciendo sus funciones fuera de sus jurisdicciones debido a amenazas de grupos armados ilegales. El objetivo es permitir que estos alcaldes puedan regresar a sus lugares de origen y desempeñar sus labores sin temor.

El ente de control ha solicitado de manera urgente al Ministerio del Interior un informe detallado sobre las acciones realizadas y las medidas planificadas para abordar esta problemática. Se requiere un plan de acción que contemple medidas específicas para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados, así como un mecanismo de coordinación con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades, con el fin de lograr una respuesta integral y efectiva ante esta situación.

La Procuraduría recuerda que el pasado 10 de junio presentó un informe al Ministerio del Interior sobre seguridad y convivencia ciudadana, en el cual se resaltó la necesidad de coordinar con las autoridades territoriales y las entidades a nivel nacional para implementar un plan de acción integral. Dicho plan debe incluir estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional, con el propósito de hacer frente a la grave situación que enfrentan tanto los funcionarios públicos como las comunidades en riesgo.

El ente de control se suma al llamado de la Defensoría del Pueblo, que ha advertido sobre la situación de los alcaldes de Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander). Estos alcaldes se ven obligados a ejercer sus funciones desde otras jurisdicciones debido a la falta de seguridad. La situación también afecta a algunos diputados en esos departamentos.

La Procuraduría resalta la necesidad de tomar medidas concretas de protección y fortalecer la presencia institucional en aquellos municipios donde las condiciones de seguridad impiden que los funcionarios desempeñen sus labores, todo ello con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y el buen gobierno en los territorios afectados.

La Procuraduría General de la Nación ha desplegado una estrategia preventiva de seguridad integral en colaboración con diversas entidades, con el fin de acompañar y hacer un seguimiento a la problemática actual en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Esta estrategia busca generar alternativas para mitigar los fenómenos de violencia y criminalidad que se presentan en el territorio nacional.

Plan de acción integral solicitado al Ministerio del Interior para salvaguardar la gobernanza territorial.

Foto portada: Casco urbano del municipio de Villeta (Cundinamarca). Foto Alcaldía de Villeta.

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