PGN exige revisar el Decreto 0448 tras muertes violentas de miembros de la Fuerza Pública

La Procuraduría General de la Nación (PGN) le solicitó, este lunes 28 de abril, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, una revisión urgente del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, que suspendió acciones militares contra algunas organizaciones criminales.

La inquietud surge luego de que en las últimas semanas se registrara una escalada de violencia que ha cobrado la vida de varios miembros de la Fuerza Pública. Los ataques, atribuidos a las mismas organizaciones beneficiadas con la suspensión de operaciones, generan serias preocupaciones sobre la seguridad y estabilidad institucional.

El Procurador Delegado para la Acción Preventiva de la Función Pública, Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, advirtió en un oficio dirigido al ministro Sánchez Suárez que «las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y podrían incidir negativamente en la confianza pública respecto del mantenimiento del orden público y la convivencia pacífica».

La Procuraduría también solicitó información sobre si el Ministerio de Defensa contempla la modificación o revocatoria del Decreto 0448, en caso de que su vigencia esté incrementando la vulnerabilidad de los uniformados y afectando la seguridad ciudadana.

Hasta el momento, el ministro de la Defensa no ha emitido respuesta pública al requerimiento de la Procuraduría, mientras sectores políticos y sociales exigen claridad sobre los criterios que sustentaron la suspensión de las operaciones militares contra estructuras criminales.

¿Qué es el Decreto 0448 de 2025?

El Decreto 0448, firmado el 17 de abril de 2025, ordenó la suspensión de acciones militares contra ciertos grupos criminales en un intento de abrir espacios de diálogo para su sometimiento a la justicia. Sin embargo, los recientes hechos de violencia han llevado a expertos en seguridad a advertir sobre los riesgos de mantener vigente esta medida sin los debidos controles.

Se advierte un riesgo grave para la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana.

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