Una auditoría reciente de la Contraloría de Cundinamarca reveló serias irregularidades en el Contrato de Obra pública No. 216 de 2019, firmado por el municipio de Gachancipá. El contrato tenía un valor de $1.354 millones y su objetivo era construir una red de alcantarillado. Hoy, parte de esa red simplemente no sirve.
El escándalo crece al conocerse que un tramo ejecutado —por el que se pagaron más de $282 millones— está completamente fuera de servicio. ¿El motivo? Nunca se construyó la estación de bombeo ni se instalaron las conexiones domiciliarias. La estación debía formar parte del contrato, pero no se hizo porque el terreno donde debía construirse nunca fue comprado, a pesar de estar previsto desde el principio.
Pero eso no es todo. Sectores como Castiblanco y Los Loros, que también estaban incluidos en el proyecto, quedaron por fuera sin explicación clara. La supuesta orden para no construir vino desde la supervisión, pero no hay documentos que respalden esa decisión.
El panorama se agrava al saber que la interventoría fue contratada dos meses después del inicio de obra. Además, faltan documentos clave como el acta de inicio, actas parciales y comprobantes de pago. Todo apunta a un preocupante vacío en el control y seguimiento del contrato.
El hallazgo representa una posible pérdida para el patrimonio público por $282 millones, y un presunto incumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y planeación que exige la contratación estatal.
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Ahora, el expediente está en manos de la Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, que deberá determinar si hay lugar a sanciones.
La gran pregunta es: ¿cuántas otras obras están así, “ejecutadas” solo en los informes, pero inútiles para la gente que las necesita?
“La interventoría se contrató dos meses tarde y sin soportes técnicos suficientes”.
Foto portada: Alcantarillado inconcluso.
