Negada tutela que buscaba ‘tumbar’ el proceso de paz

Tutelante tiene la oportunidad de impugnar y la última palabra la tendría el Consejo de Estado.

BOGOTÁ.

Fue negada la tutela por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual había sido interpuesta por Javier Oñate Acosta contra el proceso de paz.

Oñate Acosta había manifestado que existía una violación al debido proceso con el acto administrativo emitido por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, que autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz entre las FARC y la Presidencia de la República.

Durante varios días de análisis de la tutela, que tenía como objetivo suspender los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba, y que fue radicada en la ‘Sala Administrativa’ del Tribunal de Cundinamarca, la Corporación Judicial finalmente negó las pretensiones del tutelante al considerarlas como improcedentes.

Cerveleón Padilla Linares, magistrado encargado de estudiar la tutela, manifestó: “en este caso el Tribunal de Cundinamarca no encontró que se estuviera afectando el derecho fundamental al debido proceso e indicó que las apreciaciones realizadas por el demandante eran bastantes infundadas”.

Aseguró que en los argumentos de esa demanda existían “visos de subjetividad que en el mundo jurídico tienen poco espacio, más cuando el derecho en cuestión es la paz”.

“Eran consideraciones muy subjetivas y también temores de unciudadanoque tiene demandada una resolución de presidencia que autorizó los diálogos y mientras no resuelva el juez de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado, no se podría adelantar un acto adicional, lo cual es equivocado”.

Y agregó que “No se le podía impedir al presidente de la República el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en procura de negociar yobtenerla paz con las FARC”, explicó haciendo referencia otro de los argumentos para negar la tutela.

La tutela fue presentada en contra del presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez y la presidenta de la Corte Constitucional, María VictoriaCalle.

Según el magistrado, Tomas Javier Oñate Acosta quien elevó esa tutela tiene la oportunidad de impugnar la decisión y la última palabra la tendría el Consejo de Estado.

“Durante varios días de análisis de la tutela, la Corporación Judicial finalmente negó las pretensiones del tutelante al considerarlas como improcedentes”.