El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lanzó un llamado directo y sin rodeos a alcaldías y gobernaciones del país para que adopten medidas inmediatas y de fondo que permitan poner en funcionamiento los centros de detención transitoria requeridos en cada territorio.
El pronunciamiento surge como respuesta al agravamiento del hacinamiento en estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), escenarios que hoy concentran una presión creciente sobre el sistema de justicia y sobre la garantía de derechos fundamentales.
La advertencia no es menor: estos espacios, concebidos para la retención temporal de personas privadas de la libertad, se han convertido en lugares de permanencia prolongada, con condiciones que exceden su capacidad operativa y ponen en riesgo la dignidad humana de quienes allí permanecen.
Directiva 002 de 2026: una hoja de ruta para autoridades territoriales
El llamado del Ministerio Público quedó formalizado en la Directiva 002 de 2026, documento mediante el cual se insta a las entidades con competencia en la materia a adelantar acciones coordinadas, verificables y sostenibles en el tiempo. El objetivo es claro: garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad recluidas en centros de detención transitoria, cuya naturaleza no es penitenciaria ni carcelaria.
Desde la Procuraduría se subraya que la responsabilidad no recae en una sola entidad, sino que exige articulación entre autoridades locales, organismos del orden nacional y fuerzas de seguridad, bajo un enfoque de corresponsabilidad institucional.
Obligaciones legales que no admiten dilaciones
En el desarrollo de la directiva, la Procuraduría recordó a alcaldes y gobernadores que el cumplimiento del Código Penitenciario y Carcelario no es opcional. Entre las obligaciones reiteradas se encuentran la construcción de establecimientos de reclusión y centros de arraigo, la adecuación de estaciones de Policía para condiciones mínimas de detención y la suscripción de convenios interadministrativos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Estas acciones, advierte el ente de control, no solo permiten aliviar la presión sobre las URI y estaciones policiales, sino que constituyen un deber legal orientado a prevenir vulneraciones sistemáticas de derechos.
Traslados oportunos y reglas claras a nivel nacional
Uno de los puntos centrales de la directiva es la exhortación al INPEC y a la Policía Nacional para que diseñen y adopten un protocolo de alcance nacional que garantice el traslado oportuno de las personas privadas de la libertad en condición de detención preventiva.
El propósito es evitar que ciudadanos permanezcan por largos periodos en instalaciones que no están diseñadas para reclusión prolongada y facilitar su traslado a cárceles distritales y municipales que ya se encuentren en funcionamiento, bajo criterios de seguridad, legalidad y respeto por los derechos humanos.
Capacitación y gestión del riesgo: una deuda pendiente
La Procuraduría también puso el acento en la formación del personal a cargo de estos centros. La directiva subraya la necesidad de fortalecer la capacitación en gestión del riesgo y atención de emergencias, como una medida indispensable para la protección de la vida, la integridad física y la dignidad humana de la población detenida.
La falta de preparación ante situaciones críticas —como incendios, motines o emergencias sanitarias— agrava los riesgos en entornos ya tensionados por la sobreocupación y la precariedad de la infraestructura.
Vigilancia estricta y recursos en los planes de desarrollo
Finalmente, el Ministerio Público anunció que ejercerá vigilancia permanente sobre el cumplimiento de estas disposiciones. La Procuraduría verificará que los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales incluyan rubros específicos para la financiación de cárceles municipales y la celebración de convenios con el INPEC.
El mensaje es directo: los recursos asignados deberán ser proporcionales a las necesidades reales identificadas en cada territorio, evitando improvisaciones y respuestas parciales. Para la Procuraduría, la atención del hacinamiento no admite aplazamientos y se ha convertido en una prueba concreta de la capacidad institucional para garantizar derechos y hacer cumplir la ley.
Personas detenidas permanecen semanas en espacios
diseñados solo para retención temporal
