“La consulta popular minera es prudente y pertinente en los territorios” Gilberto Toro

Fedemunicipios propone que se construyan y se formalicen instancias de concertación Nación – Territorio.

Foto/referencial/Cortesía/Publímetro.

BOGOTÁ.

Durante su intervención en la audiencia pública sobre minería realizada el día de ayer por la Sala Plena de la Corte Constitucional, el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios aseguró que “los mandatarios locales pueden promover la iniciativa de consulta popular sobre la posibilidad de desarrollar actividades y proyectos mineros según el Artículo 18 de la Ley 1757 de 2015”.

Asimismo, añadió que “la Constitución garantiza la participación ciudadana en asuntos ambientales y les atribuye a los municipios competencias respecto del ordenamiento de sus territorios, motivo por el cual la Federación Colombiana de Municipios considera que la realización de la consulta popular minera es prudente y pertinente en los territorios.”

La audiencia pública sobre minería se realizó en el marco de la revisión que realiza la Corte Constitucional la tutela impuesta por la firma Mansarovar a la decisión tomada en la consulta popular realizada en Cumaral (Meta) donde se decidió frenar la actividad que la multinacional venía realizando.

La Federación Colombiana de Municipios considera que la minería es un sector muy importante para la economía del país, sin embargo, es necesario entender y aceptar que la geografía del país permite que en algunos municipios sea más rentable y sostenible la explotación de los suelos con cultivos agropecuarios que la explotación del subsuelo.

De igual manera, la reducción sustancial de los ingresos de los municipios productores y las trabas generadas por los OCAD para la ejecución de proyectos financiados por las regalías ha desestimulado la aceptación de los proyectos extractivos por parte de las comunidades locales. Por esto, Fedemunicipios propone que se construyan y se formalicen instancias de concertación Nación – Territorio en las cuales mediante procesos participativos y con insumos técnicos, las comunidades, el municipio y las entidades de orden nacional puedan acordar las actividades extractivas a adelantar en el territorio, garantizando los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre nivel central y territorial. 

“Es necesario entender y aceptar que la geografía del país permite que en algunos municipios sea más rentable y sostenible la explotación de los suelos con cultivos agropecuarios que la explotación del subsuelo”.