La decisión de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de abrir investigación disciplinaria contra el exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, reactivó un debate sobre el uso de los recursos del Sistema General de Regalías y la manera en que se eligen los ejecutores de obras financiadas con dineros públicos.
El caso gira en torno al proyecto de mejoramiento del parque principal de Cómbita, una intervención valorada en cerca de 4.100 millones de pesos que prometía renovar uno de los espacios centrales del municipio, pero que ahora se encuentra bajo escrutinio nacional.
Señalamientos sobre la entidad ejecutora del proyecto
La Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como responsable del contrato.
De acuerdo con información preliminar conocida por el Ministerio Público, esta entidad no tendría la capacidad administrativa, técnica, operativa ni financiera para ejecutar una obra de este alcance, un aspecto que podría comprometer la transparencia y la adecuada destinación de los recursos de regalías.
Solicitud de documentos y verificación de soportes contractuales
El proceso avanza con una solicitud exhaustiva de documentos a la Gobernación de Boyacá. La Procuraduría pidió copia del decreto que nombró al ejecutor, así como los estudios, análisis, evaluaciones y soportes utilizados para tomar la decisión. También requirió los documentos que respaldaron la contratación de la interventoría, pieza fundamental para garantizar el control y seguimiento de cualquier proyecto financiado con recursos estatales.
Objetivos centrales del proceso disciplinario
La apertura formal del proceso disciplinario busca determinar si las actuaciones del exmandatario se ajustaron o no a la normatividad. El organismo de control deberá establecer si existió una conducta reprochable, si esta constituye una falta disciplinaria y si en el trámite se configuró alguna causal de exoneración.
Más allá del plano jurídico, el caso genera atención pública por lo que representa: la vigilancia sobre el uso de los recursos del SGR, la responsabilidad de las autoridades departamentales y la necesidad de asegurar que cada peso asignado a infraestructura social se traduzca en obras confiables, bien planificadas y con impacto real en las comunidades.
El Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’ es cuestionado por su
capacidad para ejecutar la obra.
