By Fiscalía retira preacuerdo con mayordomo en Guasca donde había un laboratorio de coca
La medida fue presentada para mantener incólume el principio de verdad que todo proceso penal requiere.
Foto/Cortesía.
ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA.
Ante una Jueza Especializada de Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación solicitó el retiro del preacuerdo establecido con el señor Laureano Martínez Cortés, ex mayordomo de una Finca que pertenecería, en parte, al ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, ubicada en la población de Guasca (Cundinamarca), donde las autoridades hallaron un laboratorio para el procesamiento de narcóticos.
La petición está en consonancia con los de respetar el principio de verdad dentro de los acuerdos y preacuerdos firmados en los procesos que adelanta la Fiscalía, titular de la acción penal.
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Por tanto, la solicitud de retiro se hizo luego de establecer que el preacuerdo no contemplaba conocer la verdad absoluta de lo acontecido en la finca ni identificar a los determinadores, responsables directos e indirectos, ni a los financiadores y demás actores que presuntamente participaron en la actividad investigada.
Adicionalmente, el fiscal a cargo evidenció que el preacuerdo no cumplía con los requisitos de la norma procesal que contempla el reintegro de dineros producto de un posible aumento patrimonial del investigado por su presunta participación en la conducta ilícita.
En un trabajo conjunto de las autoridades de Colombia y Estados Unidos fue descubierta la existencia de una organización dedicada a la producción de cocaína en una finca ubicada en Guasca. En un allanamiento realizado el 12 de febrero se encontraron 6.896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron destruidos con base en los protocolos establecidos, y 9.453 gramos de cocaína y pasta base de cocaína que se encuentran en cadena de custodia.
Con base en lo anterior se adelantará la investigación a fondo sobre lo acontecido y las personas que estarían involucradas sin tener en cuenta condiciones sociales, políticas o económicas. Con esta actuación se busca que se conozca toda la verdad del caso.
El fiscal a cargo evidenció que el preacuerdo no cumplía con los requisitos de la norma procesal.
