By Fedemunicipios pide derogar Ley de Garantías Electorales
Les impide suscribir convenios interadministrativos para llevar programas sociales a sus comunidades o gestionar recursos nacionales para sus proyectos.
BOGOTÁ, COLOMBIA.
La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, hace un llamado al Congreso de la República para derogar la “Ley de Garantías” dado que de los 48 meses de gestión que tienen los gobernantes territoriales, 14 deben acatar las restricciones de la Ley 996 de 2005, lo que equivale al 35% de su tiempo de gestión.
A lo anterior podrían sumarse 5 meses de aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales y 6 meses de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que ocurre a la mitad del período territorial, y que exige un nuevo proceso de armonización. Con lo anterior, 25 de los 48 meses de gestión tienen en la práctica importantes limitaciones para llevar a cabo con agilidad los Programas de Gobierno planteados por los gobernantes locales a sus electores.
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“A esto, que de por sí ya es un panorama adverso para la gestión local, debe sumarse el enorme reto de la recuperación económica y social que nos urge en medio de una pandemia que aún no termina”, dice Fedemunicipios en un comunicado.
“La prohibición no puede ser la herramienta para controlar la contratación en país, los entes de control tienen las herramientas para verificar en tiempo real los procesos de contratación que realizan los municipios, lo han demostrado con el control contractual en la pandemia” aseguró Gian Carlo Gerometta, Presidente de la entidad.
Los alcaldes y alcaldesas de país piden a los congresistas que, en un acto de grandeza con los territorios, voten a favor de la eliminación de los artículos de la Ley 996 de 2005 que les impide, por ejemplo, suscribir convenios interadministrativos para llevar programas sociales a sus comunidades o gestionar recursos nacionales para sus proyectos.
La Gestión Pública no debe seguir sometida a prohibiciones que, sin la existencia de la reelección presidencial, no contribuyen con la transparencia, sino que solo impiden que los programas del Estado lleguen con agilidad a las poblaciones más necesitadas.
“A esto, debe sumarse el enorme reto de la recuperación económica y social que nos urge en medio de una pandemia que aún no termina”.
