La Federación Colombiana de Municipios llamó la atención sobre el impacto que tendría para los territorios la reducción proyectada en las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) para 2026.
El pronunciamiento, difundido en un comunicado público, generó preocupación entre mandatarios locales que observan con cautela las implicaciones que la medida podría tener sobre servicios esenciales.
Una interpretación normativa que genera preocupación territorial
De acuerdo con Fedemunicipios, la disminución de recursos se deriva de una interpretación normativa que, a juicio del gremio, no corresponde con lo establecido en la Constitución. La organización señaló que esta variación afectaría la capacidad de los municipios para sostener programas sociales que dependen del SGP y que cumplen funciones fundamentales en educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de la Federación, afirmó que varias administraciones locales se verían obligadas a realizar ajustes que podrían repercutir en la prestación de servicios que benefician directamente a la ciudadanía. Por ello, reiteró el llamado al gobierno nacional para revisar la decisión y evitar afectaciones en derechos que las entidades territoriales están llamadas a garantizar.
La reducción presupuestal y los retos para la planificación local
La posición también fue respaldada por el alcalde de Soacha y presidente de Fedemunicipios, Julián Sánchez Acosta, quien recordó que en la última doceava de 2025 se transfirieron 2.1 billones de pesos a los municipios, mientras que la asignación proyectada para 2026 sería de 1.09 billones. Esta variación del 48.8% —señaló— representa un reto considerable para la planificación territorial.
Fedemunicipios enfatizó que los municipios requieren estabilidad presupuestal y reglas claras que permitan programar acciones sin afectar su continuidad. El gremio anunció que seguirá promoviendo espacios de diálogo institucional con el propósito de encontrar una solución que garantice condiciones adecuadas para la gestión local y el bienestar de las comunidades.
La Federación asegura que la decisión se basa en una interpretación normativa que no se ajusta al marco constitucional.
