Con una votación unánime de 116 votos a favor y ninguno en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que redefine el esquema de financiación de la educación superior pública en Colombia, garantizando un incremento sostenido de recursos para las universidades estatales.
La iniciativa, de origen gubernamental, introduce modificaciones a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el propósito de corregir los desequilibrios estructurales que han afectado durante años la sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación Superior (IES).
Para el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, la decisión del Congreso responde a una demanda acumulada de la comunidad académica y estudiantil por un modelo de financiación más justo y ajustado a la realidad del sistema.
“El respaldo del Congreso es fruto de años de movilización estudiantil y de una exigencia colectiva por un esquema actualizado, coherente con los costos reales de la educación superior pública”, señaló el ministro al destacar el consenso alcanzado en la corporación legislativa.
Gobierno anuncia nueva reforma integral a la Ley 30
Rojas anunció además que el Gobierno se prepara para presentar ante el Congreso la Reforma Integral de la Ley 30, una iniciativa que buscará profundizar los cambios estructurales del sistema y reafirmar la educación como un derecho fundamental, alejándola de una lógica estrictamente mercantil.
Uno de los cambios centrales aprobados consiste en la modificación del mecanismo de indexación de los recursos. A partir de la nueva ley, la financiación de las universidades públicas dejará de ajustarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se calculará según el Índice de Costos de la Educación Superior, un indicador que refleja con mayor precisión la evolución de los gastos reales de las instituciones y corrige un rezago acumulado durante décadas.
Aportes crecerán según el desempeño de la economía
Adicionalmente, la norma establece que los aportes adicionales de la Nación crecerán en un porcentaje no inferior al 70% del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), superando ampliamente el 30% que se aplicaba bajo el esquema anterior.
Tras su aprobación en el Congreso, el proyecto pasa ahora a sanción presidencial por parte del presidente Gustavo Petro Urrego, paso final para que la reforma entre en vigencia y comience a impactar de manera directa la financiación de la educación superior pública en el país.
La Cámara aprobó sin votos en contra la reforma que corrige el rezago financiero de las universidades públicas.
