La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció la apertura de una indagación previa contra el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, por presunta intromisión indebida en la administración de justicia, posibles afectaciones a la autonomía judicial y vulneración de derechos fundamentales.
Mensajes hostiles y desinformación en medio de un proceso judicial
De acuerdo con la información entregada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, el alto funcionario habría utilizado su posición para difundir mensajes hostiles y desinformación de manera masiva en medio de un proceso judicial en el que participa como víctima. Según el informe, esa conducta podría tener incidencia directa sobre las decisiones de quienes ejercen la función judicial en su caso.
La Procuraduría señaló que Montealegre habría promovido mensajes de odio y compartido información falsa o inexacta a través de aplicaciones de mensajería, con expresiones dirigidas contra las personas encargadas de su defensa dentro del proceso judicial.
Posible interferencia en la administración de justicia
La Sala de Instrucción advirtió que, si se confirma la veracidad de estos hechos, la actuación podría representar una interferencia indebida en la administración de justicia, afectando los principios de imparcialidad, independencia y respeto a las garantías procesales.
El organismo precisó que esta actuación no implica una sanción inmediata, sino que busca verificar la ocurrencia o no de los hechos atribuidos al ministro. Para ello, se ordenó la práctica de pruebas y la recolección de información que permita esclarecer los hechos y determinar si existen méritos para continuar con una investigación disciplinaria formal.
Proceso bajo reserva y atención pública creciente
Fuentes cercanas al caso indicaron que la Procuraduría mantendrá la reserva del expediente mientras avanzan las diligencias preliminares, con el propósito de garantizar la transparencia y la confidencialidad del proceso.
La apertura de esta indagación ha generado amplio interés en el sector judicial y político, dado el cargo que ocupa Montealegre Lynett y las implicaciones éticas que podría tener este caso en la relación entre el poder Ejecutivo y la independencia de la justicia en Colombia.
“Si se confirman los hechos, habría una interferencia
directa en la justicia”, advirtió la Procuraduría.
