El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó un diagnóstico contundente sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), revelando profundas brechas financieras, desigualdades regionales y deficiencias en infraestructura que comprometen el derecho a la alimentación de millones de estudiantes en Colombia.
Durante el foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia”, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de la Evaluación de la Ejecución de la Política Pública del PAE, un programa diseñado para garantizar que los niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas oficiales reciban alimentación adecuada durante su jornada académica.
Sin embargo, los hallazgos del organismo de control revelan que, pese a los esfuerzos, persisten graves problemas de gestión, cobertura e inequidad que amenazan la efectividad del programa y ponen en riesgo su verdadero propósito: proteger el bienestar y el desarrollo de la infancia colombiana.
Desfinanciación que deja vacíos en los platos escolares
Para 2025, el PAE atiende a 5.571.156 estudiantes con un presupuesto de $5,27 billones, pero 1.282.089 menores aún no reciben alimentación escolar. La Contraloría advirtió que se necesitarían $1,21 billones adicionales para cerrar esta brecha.
Además, entre 2024 y 2025 se identificaron 30 hallazgos fiscales por $7.974 millones, de los cuales 48% corresponden a sobrecostos y 47% a pagos sin soporte de ejecución. En el periodo comprendido entre 2020 y el primer semestre de 2025, el programa acumula 813 hallazgos, 185 con incidencia fiscal por más de $55.500 millones, de los cuales $33.000 millones obedecen a sobrecostos.
Estos resultados ponen en evidencia una preocupante ineficiencia en la administración de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar.
Desigualdad entre regiones y fallas estructurales persistentes
El estudio de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Cultura y Deporte señala que, aunque se registran avances, el PAE aún enfrenta serios retos para garantizar una implementación equitativa y continua, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables del país.
Retrasos en la contratación, interrupciones en la entrega de alimentos, falta de planeación y dificultades logísticas siguen afectando la operación del programa.
Además, el informe revela profundas disparidades regionales: zonas como los Llanos, el Pacífico y el Centro Sur, que registran los índices más bajos de seguridad alimentaria, reciben menores recursos per cápita, lo que amplía las brechas sociales y territoriales.
Cobertura desigual: millones de niños aún esperan su ración
En 2023, el PAE alcanzó una cobertura nacional del 79% de los estudiantes en edad escolar, pero 19 de los 32 departamentos están por debajo del promedio. Regiones como Amazonas, Casanare y Guaviare no superan el 50% de cobertura, y municipios como Sahagún (Córdoba) apenas lograron atender al 23% de sus estudiantes oficiales.
La CGR espera que para 2026 estas cifras aumenten significativamente y que la cobertura alcance niveles que garanticen la alimentación de toda la población escolar.
El Contralor Rodríguez Becerra enfatizó que uno de los mayores desafíos del programa está en fortalecer la supervisión y los controles de calidad, especialmente en regiones donde se detectaron deficiencias graves en la entrega de las raciones, como los Llanos, el Eje Cafetero y el Centro Oriente.
Más de 2,5 millones de estudiantes sin alimentación escolar
Uno de los hallazgos más alarmantes de la CGR y de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA) indica que durante 2023, 2.570.291 niños, niñas y adolescentes no recibieron su ración alimentaria en las jornadas escolares, lo que afecta directamente su nutrición, concentración y rendimiento académico.
Las auditorías también evidenciaron deficiencias críticas en infraestructura: cocinas inadecuadas, comedores deteriorados, falta de equipos de refrigeración, ausencia de agua potable y carencia de menaje básico. Estas condiciones ponen en riesgo la inocuidad de los alimentos y limitan la eficiencia del programa.
De acuerdo con las visitas de la Contraloría, estas fallas afectan directamente a más de 135.000 estudiantes en las regiones Caribe y Centro Oriente, y a 281.000 según las encuestas aplicadas.
Compras locales: una oportunidad desperdiciada
El organismo de control también alertó sobre el incumplimiento del requisito de destinar al menos el 30% del presupuesto del PAE a compras locales. En regiones como Centro Oriente y Pacífico, la alta dependencia de proveedores externos impide dinamizar las economías rurales.
Según los datos recopilados, el 47% de las instituciones educativas no priorizan productos cultivados localmente, desaprovechando una oportunidad vital para fortalecer la agricultura familiar, generar empleo y reducir costos logísticos.
Un impacto que aún sostiene la esperanza
Pese a los problemas, el Contralor reconoció los avances del PAE en la permanencia escolar. Diversos estudios demuestran que, gracias al programa, la deserción ha disminuido entre un 10% y un 25%, y que los estudiantes beneficiarios presentan mejoras en su rendimiento académico y estado nutricional.
“El PAE demuestra que la alimentación digna en la escuela no solo nutre el cuerpo, sino también el futuro del país”, afirmó Rodríguez Becerra.
Llamado urgente a la acción
La Contraloría General de la República reiteró su llamado a fortalecer los mecanismos de control, financiación y seguimiento del PAE, con el propósito de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los niños que más lo necesitan.
“El Estado tiene la responsabilidad de asegurar que ningún estudiante en Colombia asista a clases con hambre. Alimentar bien a nuestros niños es invertir en el futuro de la Nación”, concluyó el Contralor.
Conclusión: un llamado nacional por la equidad alimentaria
El diagnóstico de la Contraloría es claro: la alimentación escolar en Colombia necesita reformas profundas y acciones urgentes. El reto está en construir un sistema transparente, eficiente y equitativo que garantice que cada plato servido en las aulas represente no solo un alimento, sino un derecho cumplido.
El PAE, concebido para nutrir la mente y el cuerpo de millones de estudiantes, sigue siendo un termómetro del compromiso del Estado con la infancia y la educación pública. Su fortalecimiento no es un tema administrativo: es una causa de país.
El 47% de las instituciones no prioriza productos locales, afectando a agricultores y economías rurales.
