En una decisión que podría marcar un precedente fundamental para la gestión ambiental en el país, el Consejo de Estado le puso freno a la improvisación y le recordó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que no puede seguir adelante con la reglamentación del uso del suelo en la Sabana de Bogotá sin antes concertar con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá (CECH).
CECH: instancia obligatoria para definir el uso del suelo
Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado reiniciar el proceso desde cero —incluyendo las etapas de publicación y consulta pública— el Consejo de Estado modificó la medida cautelar y autorizó continuar el trámite, pero con una condición clave: incluir la instancia de diálogo y articulación con el CECH, un organismo creado en 2014 por mandato del mismo alto tribunal para dirigir y coordinar la intervención integral de la cuenca del río Bogotá.
Un órgano estratégico con voz y voto vinculante
El CECH no es cualquier mesa de trabajo. Está integrado por entidades estratégicas como el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la CAR. Su papel no es simbólico, sino vinculante, y su participación es obligatoria en decisiones que impacten el equilibrio ecológico de la región.
Un precedente para la gobernanza ambiental en Colombia
En su pronunciamiento, el Consejo de Estado reprochó la falta de evidencia de una reunión previa del Ministerio con el CECH, y por ello ratificó la necesidad de una medida cautelar que obligue al Gobierno Nacional a cumplir con esta consulta institucional antes de seguir adelante con el reglamento ambiental.
Participación, legalidad y articulación: los nuevos pilares del ordenamiento territorial
La decisión envía un fuerte mensaje político, jurídico y ambiental: no se puede legislar sobre el futuro de un territorio tan estratégico como la Sabana de Bogotá sin diálogo, sin concertación y sin participación de las autoridades ambientales territoriales. Fortalece además la gobernanza ambiental y marca un precedente de legalidad y articulación interinstitucional en la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial.
Este fallo no solo protege una de las regiones más valiosas del país, sino que exige mayor rigor técnico, jurídico y ético en la planificación ambiental nacional. Un llamado de atención ejemplarizante que sienta las bases de un modelo más participativo y responsable.
La Sabana de Bogotá no puede ser ordenada sin
concertación territorial.
