Entre el 2010 y 2014, los ex funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca (ahora imputados) Fabián Alberto Moreno Jiménez y Luis Alberto Acuña Robayo emitieron más de 1.600 documentos alterados para que docentes cobrarán beneficios pensionales sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, el fraude fue creado por el bufete de abogados C&C Abogados SAS, cuya actividad principal correspondía a la representación legal de docentes. Ahí, los juristas Juan Carlos Solaque y Carlos Ocho ejecutaban distintos modos de estafa para lograr desembolsos de la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión (UGPP), entidad de la Gobernación de Cundinamarca donde tenían «cómplices» que proferían documentos a docentes del departamento para tramitar una pensión, a la que lógicamente no tenían derecho por no cumplir con las condiciones básicas de jubilación.
Según pudo determinar el ente investigador y judicial, así funcionaba el hecho delictivo: «Una vez impreso el documento lo hacía sellar de la directora para autenticarlo, pero, en este caso, se cambiaba en el documento de nombramiento el nombre de una persona por el docente que se necesitaba incluir y así lo pasaba a la firma de la jefe de sección de archivo, quien estampaba el sello de autenticidad».
Por esta diligencia los exfuncionarios de la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión (UGPP) de la Gobernación de Cundinamarca, recibían coimas por veinte millones de pesos, cada uno.
De esta manera y según lo estipulado en la Jurisdicción Penal Colombiana, Fabián Alberto Moreno y Luis Alberto Acuña fueron condenados por los delitos de: Falsedad en Material de Documento Público, Enriquecimiento Ilícito de Particularidades y Cohecho Propio.
Emitieron más de 1.600 documentos alterados para que docentes cobrarán beneficios pensionales sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.
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