El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, anunció una demanda contra la Gobernación de Cundinamarca por la aplicación de descuentos en matrículas e impuestos vehiculares a automotores que circulan en la capital. Según el cabildante, estas rebajas, fijadas en la Ordenanza 002 de 2024, no solo exceden las competencias legales del departamento, sino que también habrían sido desconocidas pese a pronunciamientos previos del Consejo de Estado.
La situación abrió un nuevo capítulo en la disputa por los recursos provenientes de la matrícula vehicular, un ingreso importante para Bogotá. De acuerdo con cifras de la administración distrital, desde 2015 más de 241.000 vehículos han dejado de registrarse en la ciudad, lo que representaría pérdidas superiores a un billón de pesos.
¿Por qué son considerados ilegales los descuentos en Cundinamarca?
Los municipios del departamento ofrecen rebajas del 50% en el primer año y del 20% en el segundo año del impuesto vehicular. Este incentivo argumenta Quintero, estaría dirigido a atraer propietarios que realmente circulan en Bogotá, pero registran sus vehículos en otras jurisdicciones para reducir costos.
La Alcaldía de Bogotá sostiene que este escenario afecta directamente los ingresos locales. Mientras el Distrito intenta recuperar su base tributaria, considera que Cundinamarca retiene recursos que deberían ingresar a la capital, razón por la cual surgió la acción judicial anunciada por el vicepresidente del Concejo.
En paralelo, el Distrito adoptó nuevas medidas para limitar el uso de vehículos matriculados fuera de la ciudad. Desde enero de 2026, estos automotores tendrán pico y placa dos sábados al mes y enfrentarán un incremento del pico y placa solidario del 20% al 50%. El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que estas restricciones buscan incentivar el registro vehicular en Bogotá y recuperar los ingresos perdidos.
El concejal Quintero, además de respaldar las medidas de movilidad, planteó un llamado a los municipios de la Sabana para nivelar los costos de registro y evitar una competencia desequilibrada en la región.
La situación abrió un nuevo capítulo en la disputa por los recursos provenientes de la matrícula vehicular,
un ingreso importante para Bogotá.
