La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de actividades en la ronda de protección del Río Frío dentro de un colegio campestre ubicado en la vereda Canelón, en el municipio de Cajicá (Cundinamarca), por presuntas intervenciones no permitidas en una zona ambientalmente protegida.
El establecimiento educativo ha sido previamente objeto de atención pública por hechos ocurridos en sus instalaciones en 2025; no obstante, la autoridad ambiental precisó que la medida adoptada corresponde exclusivamente a actuaciones de control ambiental y al cumplimiento de la normatividad vigente sobre rondas hídricas.
¿Por qué la CAR suspendió actividades en este colegio de Cajicá?
Según la CAR, desde la Resolución 2358 de 2014 está definida una franja de 50 metros a cada lado del cauce principal del Río Frío en la que solo se permiten acciones de restauración y conservación ambiental. Cualquier tipo de cerramiento, estructura o uso distinto está prohibido dentro de esta zona.
Durante una visita técnica y jurídica realizada por la dirección regional Sabana Centro, se evidenció que, aunque el colegio cuenta con licencia urbanística para parcelación, construcción de obra nueva y cerramiento, no se encontró autorización para intervenciones dentro de la ronda de protección del afluente.
En el recorrido, la CAR identificó varias obras y usos en esta franja ambiental, entre ellos una granja y una huerta construidas en madera y teja de zinc, una cancha de minigolf, una cubierta con estructura metálica, una cancha de voleibol en arena y un parqueadero para bicicletas y motocicletas.
El informe técnico señaló que estas intervenciones habrían generado una afectación al recurso suelo en un área aproximada de 650 metros cuadrados. Frente a ello, la entidad indicó que deberá evaluarse la continuidad de estas estructuras y zonas recreativas, conforme a los usos del suelo definidos por la autoridad municipal de planeación de Cajicá.
La CAR aclaró que no es competente para hacer seguimiento a licencias de construcción ni para ordenar demoliciones. Sin embargo, en su condición de autoridad ambiental, sí tiene la facultad de imponer medidas preventivas y adelantar procesos administrativos cuando se trata de la protección de rondas hídricas y áreas de conservación.
En aplicación de la Ley 1333 de 2009, la medida preventiva busca impedir la continuidad de actividades que puedan afectar el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. La suspensión fue materializada por el municipio de Cajicá y se mantiene vigente.
La entidad precisó que el levantamiento de la medida procederá únicamente cuando se compruebe que desaparecieron las causas que dieron origen a la afectación ambiental. De no ser así, el proceso podría derivar, tras el debido proceso, en sanciones económicas que alcanzan hasta 100 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por su parte, la institución educativa informó que, de manera anticipada, se clausuró el área, pero las clases y actividades escolares continuarán desarrollándose.
Por presuntas intervenciones no permitidas
en una zona ambientalmente protegida.
