La agenda de servicios públicos en Bogotá dio un giro decisivo con el anuncio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que presentó la Resolución CRA 1027 de 2026. El documento establece un régimen transitorio, excepcional y exclusivo para la capital, al acoger las órdenes emitidas por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional en el Auto 2059 de 2025, dentro del seguimiento a la sentencia T-724 de 2003.
La determinación ya fue remitida a la Corte Constitucional y quedará en firme una vez sea publicada oficialmente, abriendo un nuevo escenario para la operación del servicio público de aseo, para los concesionarios y, especialmente, para miles de recicladores que dependen de condiciones estables para ejercer su labor.
Un cambio regulatorio que impacta directamente a recicladores, operadores y usuarios
El régimen transitorio permitiría ampliar el plazo de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) por encima de los ocho años inicialmente contratados. Esta ampliación —que se aplicaría exclusivamente en Bogotá— busca garantizar continuidad, estabilidad y reglas claras para las acciones afirmativas que protegen a la población recicladora de oficio.
La medida está orientada a:
- Asegurar el acceso cierto y seguro a los residuos aprovechables.
- Garantizar una remuneración oportuna y sin interrupciones para quienes desempeñan actividades de aprovechamiento.
- Mantener el andamiaje jurídico e institucional que ha permitido avances en la inclusión de las organizaciones de recicladores.
- Fortalecer la sostenibilidad del componente de aprovechamiento en el servicio de aseo.
Fuentes de la CRA explicaron que las condiciones transitorias permitirán sostener los mecanismos que ordenó la Corte Constitucional y que aún requieren continuidad para consolidarse plenamente en la ciudad.
UAESP: compromiso, articulación y ajustes para garantizar el servicio
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) destacó que esta decisión se enmarca en la defensa de los derechos de la población recicladora y en la obligación de asegurar una prestación del servicio continua, eficiente y transparente en toda Bogotá.
La entidad confirmó que iniciará las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para implementar las disposiciones impartidas por la Corte Constitucional. Además, convocará mesas de trabajo con los cinco concesionarios del servicio público de aseo para revisar ajustes, revisar escenarios operativos y definir la hoja de ruta de esta transición regulatoria.
“El objetivo es garantizar que usuarios, recicladores y operadores cuenten con un servicio estable, técnicamente robusto y alineado con las órdenes judiciales vigentes”, señalaron fuentes de la UAESP.
Una transición que marcará el rumbo del aseo en Bogotá
La resolución abre un periodo decisivo para la política de aseo en la ciudad. Por un lado, protege los avances alcanzados en materia de inclusión y reconocimiento de la población recicladora. Por otro, permite que Bogotá mantenga un modelo de operación con capacidad de adaptación mientras se consolidan nuevas herramientas regulatorias.
Al extender la vigencia de las Áreas de Servicio Exclusivo, la CRA busca asegurar que no se interrumpa la cadena de aprovechamiento, que se cumplan las obligaciones con las organizaciones de recicladores y que la capital avance en un modelo de aseo moderno, sostenible y alineado con estándares judiciales y ambientales.
La decisión ya posiciona a Bogotá en un punto estratégico para la transformación de su servicio público de aseo y para la protección de quienes, desde el reciclaje, sostienen una labor esencial para la ciudad.
La ampliación del plazo de las ASE busca proteger el acceso seguro a residuos aprovechables.
