Avanza “ley anticlanes”: familiares de alcaldes y gobernadores en ejercicio no podrán aspirar al Congreso

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Patio del Capitolio y Congreso Colombiano. Imagen de referencia. Tomada de https://depositphotos.com/es/home.html
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En el Congreso de la República volvió a sonar una discusión que incomoda a muchos sectores políticos: los límites del poder familiar en la gestión pública. En una sesión con amplio respaldo multipartidista, la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto conocido como “ley anticlanes”, una iniciativa que impide que los familiares cercanos de alcaldes y gobernadores en ejercicio puedan aspirar al Congreso de la República.

El propósito del proyecto es evitar que los cargos públicos territoriales se conviertan en plataformas para la promoción de campañas legislativas y cerrar el paso a las redes de poder que se heredan dentro de los mismos núcleos familiares.

El alcance del proyecto

El texto aprobado establece que si durante el mandato de un alcalde o gobernador su cónyuge, compañero o compañera permanente, o un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, se inscribe o resulta elegido como senador o representante a la Cámara, el mandatario deberá renunciar inmediatamente a su cargo.

De acuerdo con los ponentes, la medida busca prevenir incompatibilidades sobrevinientes y evitar que un mandatario territorial use su posición o influencia para favorecer la campaña de un familiar. La norma pretende reforzar la independencia entre los poderes locales y el legislativo, un asunto que por años ha generado debate en el país.

Extensión a aspirantes presidenciales y vicepresidenciales

Durante la discusión, el senador Carlos Fernando Motoa Solarte, del partido Cambio Radical, propuso ampliar el alcance del proyecto. Su proposición, aprobada por la Comisión, extiende la restricción a los familiares de quienes aspiren a la Presidencia o a la Vicepresidencia de la República.

“Lo que se busca con esta iniciativa es proteger valores constitucionales esenciales: la moralidad administrativa, la igualdad, la representación política y la transparencia. Se trata de fortalecer la democracia”, afirmó el senador Motoa Solarte al término del debate.

El congresista aclaró que la medida no pretende limitar la participación política de los ciudadanos, sino garantizar que las decisiones públicas se mantengan libres de conflictos de interés y sin interferencias familiares o territoriales.

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Lo que viene en el trámite legislativo

El proyecto pasará ahora a plenaria del Senado, donde se anticipa un debate amplio sobre el alcance real de la iniciativa y su viabilidad jurídica. De aprobarse, continuará su curso en la Cámara de Representantes, como parte del proceso para convertirse en ley de la República.

Fuentes legislativas indican que, aunque existe consenso en torno al objetivo de la propuesta, algunos congresistas plantearán ajustes para evitar que la norma vulnere derechos de participación política o genere interpretaciones ambiguas.

Reacciones y análisis

Organizaciones de la sociedad civil y observatorios de transparencia han destacado la iniciativa como una herramienta que podría contribuir a desmontar prácticas de nepotismo y clientelismo político, muy arraigadas en los escenarios locales.

Analistas consultados advierten, sin embargo, que el desafío no será solo aprobar la ley, sino garantizar su aplicación efectiva, especialmente en los departamentos donde los vínculos familiares y económicos entre los actores políticos siguen marcando las decisiones públicas.

Un paso hacia la transparencia institucional

Aunque el debate apenas comienza, la aprobación del proyecto en la Comisión Primera marca un avance en la discusión sobre la ética y los límites del poder político en Colombia.


En un contexto de desconfianza ciudadana frente a las instituciones, la llamada “ley anticlanes” envía un mensaje sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

El país observará en las próximas semanas si el Congreso mantiene ese mismo espíritu cuando la iniciativa llegue al debate de plenaria, donde los intereses partidistas y regionales suelen poner a prueba la voluntad de cambio.

Si un familiar resulta elegido
congresista, el alcalde o gobernador deberá renunciar.