La Corte Constitucional de Colombia ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y a la Policía Nacional elaborar un plan para trasladar progresivamente a 2.615 personas que llevan más de un año recluidas en estaciones de Policía, instalaciones destinadas a detenciones transitorias que no deben superar las 36 horas.
La determinación está contenida en el Auto 1460 del 26 de octubre de 2026, expedido por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.
La providencia también ordena conformar una mesa técnica interinstitucional para identificar las barreras que han impedido desarrollar proyectos de infraestructura penitenciaria, evaluar alternativas de financiación y establecer una hoja de ruta para atender el déficit de cupos.
La decisión se produce en medio de una crisis que, según las cifras examinadas por la Corte con corte al 6 de abril de 2026, registra 30.450 personas por encima de la capacidad instalada del sistema penitenciario y carcelario colombiano.
Colombia tiene 30.450 personas recluidas por encima de su capacidad carcelaria
El diagnóstico presentado en el Auto 1460 de 2026 revela la magnitud de las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario.
De acuerdo con la información de la Policía Nacional y el INPEC, examinada por la Corte, el país contaba con 1.317 instalaciones de reclusión, entre estaciones y subestaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI), cárceles territoriales y establecimientos penitenciarios del orden nacional.
En conjunto, estas instalaciones tenían capacidad para 93.654 personas, pero albergaban a 124.104, lo que representaba una sobrepoblación de 30.450 personas y un índice global de hacinamiento del 33 %.
La situación era especialmente preocupante en las estaciones y subestaciones de Policía, donde 18.005 personas ocupaban espacios diseñados para 8.742, con un hacinamiento del 106 %.
En los establecimientos administrados por el INPEC, la población recluida ascendía a 102.818 personas, frente a una capacidad de 81.025 cupos, equivalente a un hacinamiento del 26,8 %.
La Corte también identificó que la capacidad de los establecimientos nacionales disminuyó en 1.027 cupos entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 82.052 a 81.025.
Estas cifras evidencian que las dificultades no se limitan al crecimiento de la población privada de la libertad, sino que también están relacionadas con la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura disponible.
Más de 2.600 personas llevan un año detenidas en espacios destinados a 36 horas
Uno de los aspectos más graves identificados por la Sala corresponde a la permanencia prolongada de personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.
Según los registros de la Policía Nacional, con corte al 6 de abril de 2026, 2.567 personas imputadas y 48 condenadas llevaban más de un año recluidas en estaciones policiales.
La Corte recordó que estos espacios están destinados a detenciones temporales, cuyo límite constitucional de permanencia es de 36 horas.
La Sala consideró que mantener a estas personas durante periodos tan prolongados constituye una vulneración grave, sistemática y continuada de los derechos reconocidos en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política y en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993.
El problema adquiere especial relevancia porque las estaciones de Policía no están concebidas para garantizar las condiciones de alojamiento, atención y permanencia propias de los establecimientos penitenciarios.
Por ello, la Corte determinó que esta situación requiere una respuesta independiente de los proyectos de construcción y ampliación carcelaria, cuyos resultados pueden tardar varios años.
INPEC, USPEC y Policía tendrán dos meses para presentar un plan de traslado
En el numeral quinto de la parte resolutiva del Auto 1460 de 2026, la Corte ordenó al INPEC, la USPEC y la Policía Nacional elaborar y remitir un plan de traslado progresivo dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la providencia.
El plazo fue establecido como perentorio e improrrogable.
El documento deberá identificar a las personas que permanecen durante más de un año en centros de detención transitoria, incluidos los 2.567 imputados y los 48 condenados registrados en estaciones policiales.
También tendrá que precisar los establecimientos de destino, determinar los cupos disponibles, establecer metas mensuales verificables y contemplar medidas para los casos en los que la capacidad de recepción resulte insuficiente.
La Corte no ordenó un traslado inmediato e indiscriminado de las 2.615 personas. Exigió una planificación progresiva que permita atender la situación sin trasladar el hacinamiento de las estaciones policiales a las cárceles.
Las entidades responsables deberán presentar informes bimestrales sobre la ejecución del plan hasta que la Sala disponga lo contrario.
Además, los traslados deberán respetar los criterios de dignidad humana, enfoque diferencial y unidad familiar, sin generar nuevas condiciones de hacinamiento en los establecimientos receptores.
Contraloría identificó 122 hallazgos en la gestión de infraestructura penitenciaria
La Corte también examinó los problemas que han impedido ampliar y mejorar la infraestructura carcelaria del país.
Los informes de los organismos de control revelaron dificultades en la planeación, contratación, ejecución y funcionamiento de distintos proyectos.
La Procuraduría General de la Nación documentó deterioro estructural, deficiencias en los servicios sanitarios y obras inconclusas.
Por su parte, la Contraloría General de la República identificó 122 hallazgos relacionados con la gestión examinada, mientras que la Sala advirtió que las inversiones realizadas no siempre se han traducido en nuevos cupos efectivos o espacios operativos.
Entre las situaciones analizadas figura el establecimiento de reclusión del orden nacional de Sabanas de San Ángel, cuya construcción no había concluido pese a haberse ejecutado más del 60 % del presupuesto asignado, según lo expuesto en la providencia.
- La Corte identificó cuatro problemas recurrentes que dificultan el desarrollo de la infraestructura penitenciaria:
- La subestimación de los costos y los tiempos necesarios para ejecutar las obras.
- La dependencia casi exclusiva de recursos públicos mediante esquemas tradicionales de financiación.
- La concentración de inversiones en infraestructura física, en detrimento de los programas de resocialización, los servicios y las condiciones materiales de reclusión.
- La ausencia de una evaluación comparativa de las modalidades de ejecución y financiación disponibles.
Para la Sala, estas dificultades reflejan la necesidad de revisar los mecanismos de planeación y coordinación institucional, sin asumir que una modalidad contractual específica resolverá por sí sola el problema.
Falta de coordinación entre el Ministerio de Justicia y la ANI ha frenado proyectos
Uno de los hallazgos examinados por la Corte está relacionado con la falta de articulación entre las entidades encargadas de impulsar proyectos de infraestructura.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que no adelanta estructuraciones de proyectos penitenciarios porque el Ministerio de Justicia y del Derecho no le ha formulado una solicitud expresa para hacerlo.
La respuesta fue remitida mediante un oficio del 12 de noviembre de 2025, después de los requerimientos realizados por la Sala Especial de Seguimiento.
Para la Corte, esta situación evidencia un bloqueo institucional: las entidades competentes no han evaluado conjuntamente las alternativas disponibles ni han definido una ruta de actuación común.
La Sala aclaró que esta omisión no demuestra que las asociaciones público-privadas sean necesariamente la mejor solución.
Lo que evidencia, según la providencia, es la necesidad de estudiar de manera articulada los instrumentos de financiación y ejecución que permite el ordenamiento jurídico colombiano.
Corte ordena crear una mesa técnica para revisar los proyectos carcelarios
Ante las deficiencias identificadas, el Auto 1460 de 2026 ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la ANI conformar una mesa técnica interinstitucional de infraestructura penitenciaria y carcelaria.
La instalación deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la decisión.
La instancia contará con participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la USPEC, el INPEC y la Sociedad de Activos Especiales.
La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría participarán con voz técnica, en ejercicio de sus respectivas funciones de acompañamiento preventivo, protección de derechos y vigilancia fiscal.
La mesa tendrá la responsabilidad de identificar las barreras técnicas, jurídicas, administrativas, fiscales y presupuestales que han impedido desarrollar los proyectos penitenciarios.
También deberá comparar las modalidades de financiación y ejecución disponibles, incluidas la obra pública, la contratación estatal ordinaria, las asociaciones público-privadas y otras formas de participación privada legalmente autorizadas.
Cada alternativa tendrá que ser evaluada y las decisiones deberán contar con justificación técnica, jurídica, fiscal y presupuestal.
Informes obligatorios a los tres y seis meses
La Corte estableció dos plazos para presentar resultados, contados a partir de la instalación de la mesa técnica.
A los tres meses, deberá entregarse un primer informe con el diagnóstico de las barreras identificadas, la comparación de las alternativas de financiación y ejecución y una priorización preliminar de los establecimientos con mayores necesidades de infraestructura.
A los seis meses, deberá presentarse un informe técnico estructural que incluya la priorización definitiva de los proyectos, las alternativas recomendadas y una hoja de ruta con responsables, cronograma y metas verificables.
La providencia no ordena utilizar asociaciones público-privadas ni compromete apropiaciones presupuestales específicas. La selección de los instrumentos corresponderá a las autoridades competentes, con fundamento en los estudios que se realicen.
La Corte establece límites a la participación privada en las cárceles
La Sala también fijó condiciones constitucionales para los proyectos que eventualmente contemplen participación de particulares.
De acuerdo con el auto, los contratos de asociación público-privada u otros esquemas de vinculación privada no podrán delegar las funciones de seguridad, vigilancia, custodia y tratamiento penitenciario que el ordenamiento reserva al Estado.
La Corte señaló que los proyectos deberán garantizar la primacía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y sus familias sobre cualquier consideración de rentabilidad empresarial.
Asimismo, deberán contemplar indicadores verificables de desempeño, mecanismos suficientes de supervisión y disposiciones destinadas a prevenir situaciones de hacinamiento.
La Sala también examinó la experiencia de la Cárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín, estructurada mediante una asociación público-privada con capacidad proyectada de 1.339 cupos.
Sin embargo, aclaró que el análisis de esa experiencia no constituye una aprobación judicial de su legalidad, conveniencia o estructuración contractual.
Congreso deberá estudiar alternativas para reducir la presión sobre las cárceles
Además de las órdenes dirigidas a las entidades administrativas, la Corte exhortó al Congreso de la República a evaluar la regulación de mecanismos de financiación, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura destinada a la detención transitoria.
Estas medidas deberán examinarse dentro de la política de desmonte progresivo de dichos centros y respetar las competencias constitucionales correspondientes.
La Sala también exhortó al Consejo Superior de Política Criminal y al Congreso a analizar y adoptar, con carácter prioritario, instrumentos de racionalización penal.
Entre las alternativas mencionadas se encuentran las medidas distintas a la pena privativa de la libertad y a la detención preventiva, los programas de prevención del delito y resocialización, y los mecanismos de libertad anticipada, de conformidad con los requisitos legales.
La Corte insistió en que la construcción de nuevas cárceles no resolverá por sí sola el hacinamiento, especialmente si no se adoptan medidas para moderar el ingreso de personas al sistema penitenciario.
El Auto 1460 de 2026 plantea así una respuesta en dos frentes: atender la permanencia prolongada de personas en centros de detención transitoria y corregir las deficiencias institucionales que han limitado la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura carcelaria.
El cumplimiento de las órdenes quedará sujeto al seguimiento de la Sala Especial de la Corte Constitucional, que podrá evaluar los avances y adoptar nuevas determinaciones de acuerdo con los resultados presentados por las entidades responsables.
Colombia registra un hacinamiento carcelario del 33 %, con 124.104 reclusos frente a una capacidad de 93.654 cupos.











