Una mujer, a quien la Fiscalía aseguró en un centro carcelario, y dos adolescentes de 16 años, que deberán permanecer en internamiento preventivo, son los procesados por las presuntas extorsiones a 20 conductores de transporte público en Soacha (Cundinamarca). Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de Extorsión Agravada y los tres no aceptaron los cargos.
Según la investigación, los hechos ocurrieron durante los últimos dos meses en el paradero de una ruta que presta servicio a distintos barrios del municipio. A los conductores se les exigía dinero cada semana para permitirles trabajar y, de acuerdo con la Fiscalía, quienes no pagaban recibían amenazas contra su vida.
Cómo operaba el cobro:
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que las víctimas eran abordadas primero para conseguir los números telefónicos de otros conductores que cubrían el mismo trayecto. Con esos contactos, los transportadores recibían después llamadas de personas que se presentaban como integrantes de un grupo delincuencial.
En esas llamadas se les imponían pagos de entre 22.000 y 50.000 pesos por vehículo. La Fiscalía precisó que se trata de supuestos miembros de un grupo delincuencial, es decir, que esa condición de los llamantes hace parte de lo que decían las comunicaciones y no de un hecho comprobado.
La captura:
La Policía Nacional capturó a la mujer y aprehendió a los dos menores de edad en el momento en que recibían 300.000 pesos. Según la información de la Fiscalía, uno de los adolescentes sería el encargado de vigilar a los transportadores y controlar la entrega del dinero.
Los tres son investigados por su presunta participación en las amenazas y exigencias económicas. Por tratarse de una imputación, su responsabilidad deberá ser definida en el proceso judicial, en el que no aceptaron los cargos.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de Extorsión Agravada y los tres no aceptaron los cargos.
