Imponen medida preventiva y ordena cese de actividades por disposición irregular de escombros y residuos peligrosos en la vía Suba–Cota

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió las labores en un predio de la vía Suba–Cota tras hallar residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos peligrosos (RESPEL) dispuestos de manera irregular, en un operativo realizado con la Policía Nacional y la Alcaldía Local.

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CAR frena disposición ilegal de escombros y residuos peligrosos en la vía Suba–Cota. Foto: CAR.
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva con cese inmediato de actividades en un predio ubicado en la vía que conecta la localidad de Suba, en Bogotá, con el municipio de Cota (Cundinamarca). La decisión se tomó luego de que un equipo técnico de la entidad verificara la disposición irregular de residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos peligrosos (RESPEL) provenientes de distintas obras de la capital y sus alrededores.

El operativo se llevó a cabo de manera articulada entre la CAR, la Policía Nacional y autoridades de la Alcaldía Local, en el marco de las labores de vigilancia y control ambiental que la Corporación adelanta este 2026 sobre predios rurales con permisos de intervención de suelo. Durante la diligencia, las autoridades constataron la presencia de vehículos de carga en el sitio, lo que llevó a la suspensión inmediata de la actividad.

¿Qué tipo de permiso tenía el predio y por qué se incumplió?

El terreno contaba con una autorización vigente para adelantar labores de adecuación y restauración de suelo agrícola rural, un procedimiento habitual para recuperar terrenos destinados a actividades agropecuarias. Sin embargo, el equipo técnico de la CAR determinó que, amparados en ese permiso, se estaba ingresando material no contemplado en la autorización original, entre ellos plásticos, varillas, llantas y otros residuos contaminantes. Este tipo de material, según la Corporación, puede alterar las condiciones naturales del suelo y comprometer su estabilidad a mediano y largo plazo.

¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

En el momento de la inspección, funcionarios de la CAR identificaron ocho vehículos de carga tipo volqueta que estaban realizando la disposición de material RCD y RESPEL en el predio. Diego Carrillo, director Operativo Jurídico de la CAR Regional Bogotá-La Calera, explicó que la Corporación «encontró la presencia de vehículos de carga tipo volqueta, ocho vehículos en los que se estaba realizando la disposición de material tipo RCD y RESPEL, contraviniendo las obligaciones impuestas en el permiso». La situación evidenció un uso del predio distinto al autorizado, lo que motivó la aplicación inmediata de la medida preventiva.

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¿Hubo obstáculos para el ingreso de las autoridades?

Sí. Durante la diligencia, las autoridades competentes vieron impedido su ingreso al predio en un primer momento. Este hecho quedó registrado y será tenido en cuenta dentro de las actuaciones administrativas de control y seguimiento que la CAR adelantará sobre el caso, adicionales a la medida preventiva ya impuesta.

¿Qué sigue en el proceso administrativo?

Con la medida preventiva en firme, el predio no podrá continuar operaciones hasta que se surtan las verificaciones correspondientes por parte de la Corporación. El caso quedará sujeto a un proceso sancionatorio ambiental, en el que se evaluarán tanto la disposición irregular de residuos como la obstrucción registrada durante el operativo.

En el balance del operativo, el hallazgo de ocho volquetas descargando simultáneamente material no autorizado se perfila como el dato de mayor peso, pues evidencia una operación de disposición irregular con cierto nivel de continuidad, más allá de un hecho aislado. A esto se suma la obstrucción al ingreso de las autoridades, un elemento que la CAR ya incorporó a su proceso de control y seguimiento.

La Corporación reiteró su llamado a quienes ejecutan obras de construcción o demolición en la región para que garanticen el manejo, transporte y disposición de escombros conforme a la normativa ambiental vigente, en momentos en que las autoridades intensifican la vigilancia sobre predios rurales cercanos a la capital.

Este tipo de material, según la Corporación, puede alterar las condiciones naturales del suelo y comprometer su estabilidad a mediano y largo plazo.