El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de $634,9 billones, después de una prolongada jornada legislativa que se extendió hasta las 3:47 de la madrugada de este martes 20 de octubre.
La decisión se produjo tras la votación favorable del Senado y la Cámara de Representantes, con ajustes en la distribución de algunas partidas destinadas al funcionamiento del Estado y la inversión pública.
La aprobación tuvo lugar en la fecha límite establecida para que el Legislativo decidiera sobre el proyecto presentado por el Gobierno nacional. En la Cámara, la iniciativa recibió 112 votos favorables y uno en contra, mientras que en el Senado obtuvo el respaldo de 57 congresistas y dos votos negativos.
Más de 12 horas de discusión en la Cámara de Representantes
La deliberación en la Cámara se desarrolló en varias etapas, comenzando durante la tarde del lunes 19 de octubre. Después de un aplazamiento, los representantes retomaron el debate en horas de la noche y, ante la extensión de las intervenciones, fue necesario convocar una nueva sesión a las 12:10 de la madrugada.
El proceso concluyó cerca de las cuatro de la mañana, cuando el presidente de la Corporación, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, confirmó el resultado de la votación y destacó que las diferentes bancadas tuvieron oportunidad de intervenir durante el estudio de la iniciativa.
“Siendo las 3:47 de la mañana, acabamos de aprobar el presupuesto general de la nación del año 2027. Fueron más de 12 horas de discusión en donde dimos garantías a todas las bancadas”, expresó Barguil Cubillos.
El trámite estuvo acompañado de diferencias sobre la asignación de recursos, el crecimiento del gasto público y las dificultades financieras que afronta el país. También surgieron cuestionamientos frente al procedimiento legislativo y las modificaciones incorporadas durante el estudio del proyecto.
¿Cómo se distribuirán los $634,9 billones del presupuesto nacional?
La programación presupuestal contempla tres grandes componentes: los recursos necesarios para el funcionamiento de las entidades estatales, el cumplimiento de las obligaciones de la deuda pública y la financiación de proyectos de inversión.
De acuerdo con la distribución general conocida durante el trámite legislativo, aproximadamente $393 billones se destinarían al funcionamiento del Estado, cerca de $147 billones al servicio de la deuda y alrededor de $95 billones a inversión pública.
En materia sectorial, la educación, la salud y la defensa se encuentran entre las áreas que concentran una parte considerable de las asignaciones previstas para la próxima vigencia fiscal.
El presidente de la Cámara señaló que la iniciativa responde a las restricciones económicas actuales y a la necesidad de atender compromisos de diferentes sectores.
“En una deliberación democrática, este presupuesto responde a la crisis fiscal del país, priorizando sectores fundamentales como la salud, la seguridad, las vías, educación, energía y nuestro campo”, sostuvo Barguil Cubillos.
Sin embargo, la aprobación de los recursos no garantiza por sí sola la materialización de las obras y programas contemplados. Su desarrollo estará sujeto a los procesos de programación, contratación, ejecución y seguimiento correspondientes.
El déficit fiscal y la deuda pública, entre los principales desafíos
La discusión presupuestal también estuvo marcada por las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas nacionales.
El proyecto aprobado contempla un incremento frente al presupuesto de 2026, que ascendió a $555,8 billones, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de atender sus obligaciones financieras y mantener recursos para inversión social e infraestructura.
Las proyecciones fiscales sitúan el déficit para 2027 alrededor del 9,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), una situación que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los ingresos disponibles, los compromisos del Estado y las necesidades de gasto.
En este escenario, el manejo de la deuda y las medidas que adopte el Ejecutivo para fortalecer las finanzas públicas serán determinantes para el desarrollo del presupuesto durante el próximo año.
El proyecto avanzará hacia la sanción presidencial
Tras la aprobación en las dos plenarias, el presidente de la Cámara informó que los textos respaldados por Senado y Cámara coincidían, por lo que no sería necesario convocar una comisión de conciliación.
De mantenerse esa identidad entre las versiones aprobadas, el documento podrá continuar hacia la sanción presidencial, último paso para convertirse en ley de la República.
El presupuesto nacional establecerá el marco de gasto del Gobierno para 2027 y tendrá repercusiones en la financiación de programas sociales, el funcionamiento de las instituciones, el cumplimiento de obligaciones financieras y el desarrollo de proyectos en los departamentos y municipios.
Para las regiones, uno de los asuntos de mayor interés será conocer cuánto dinero quedará efectivamente destinado a inversión territorial, particularmente en infraestructura vial, educación, salud, agua potable y otros servicios esenciales.
Concluido el trámite legislativo, la atención se trasladará a la ejecución de los recursos y a la capacidad de las entidades públicas para convertir las asignaciones aprobadas en resultados verificables para la población
Aproximadamente $393 billones se destinarán a funcionamiento, $147 billones al servicio de la deuda y
$95 billones a inversión pública.
