Cerca de 600 niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis, sede La Mesa (Cundinamarca), permanecen bajo seguimiento institucional ante la presunta emisión de gases y olores provenientes de una infraestructura ubicada frente al plantel educativo.
La Defensoría del Pueblo instaló mesas técnicas con la comunidad educativa y autoridades locales para documentar posibles afectaciones a la salud y al entorno escolar. El caso ya fue seleccionado por la Corte Constitucional, que adelanta la práctica de pruebas.
De acuerdo con la información recopilada en terreno, la comunidad ha reportado olores y presuntas emisiones que tendrían origen en una infraestructura operada por Vanti, situada frente al colegio.
Estudiantes, docentes y padres de familia manifestaron preocupación por posibles efectos en la salud y por la sensación de inseguridad ambiental en la zona. Estos reportes motivaron la intervención preventiva de la Defensoría para verificar condiciones y activar canales institucionales.
¿Cómo ha impactado la situación el funcionamiento del colegio?
Actualmente, la institución opera en su sede antigua tras adecuaciones realizadas para mantener la prestación del servicio educativo. Sin embargo, las limitaciones de espacio obligaron a implementar un sistema de rotación de cursos, lo que impide que todos los estudiantes asistan diariamente.
La medida busca evitar el hacinamiento mientras se revisan las condiciones ambientales y estructurales, aunque ha generado ajustes en la dinámica académica.
La Defensoría sostuvo reuniones con la Alcaldía de La Mesa, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el hospital municipal, con el fin de revisar diagnósticos técnicos y acciones preventivas.
El objetivo es establecer si existen riesgos ambientales comprobados y definir medidas de protección que garanticen el derecho a la salud y a la educación en condiciones seguras.
¿Por qué la Corte Constitucional revisa el caso?
La acción de tutela presentada por la Defensoría fue seleccionada por la Corte Constitucional el 31 de octubre. El alto tribunal adelanta actualmente la práctica de pruebas para determinar el alcance de las presuntas vulneraciones.
La entidad de control informó que continuará remitiendo información actualizada a la Corte mientras avanza el proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo instaló mesas técnicas con la
comunidad educativa y autoridades locales para
documentar posibles afectaciones a la salud
y al entorno escolar.
