Las labores de control ambiental en el norte de Cundinamarca quedaron bajo especial atención tras la denuncia del director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, sobre amenazas con posibles agresiones armadas dirigidas contra funcionarios de la entidad mientras adelantaban operativos de protección de fauna silvestre en la vereda Soatama, jurisdicción del municipio de Villapinzón.
Desde la dirección general se advirtió que esta situación expone un riesgo directo e inaceptable para la vida y la integridad del personal técnico y operativo que cumple funciones en territorio, en el marco de los mandatos legales de control, vigilancia y preservación ambiental asignados a la autoridad regional.
Operativo ambiental bajo presión
De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron durante un procedimiento institucional orientado a la defensa del patrimonio natural, una labor que hace parte esencial de las responsabilidades de la CAR. Las advertencias recibidas por los funcionarios activaron de inmediato las alertas internas y obligaron a adoptar medidas de seguridad para proteger al personal desplegado en la zona.
El director general de la CAR subrayó que este tipo de amenazas no solo ponen en peligro a los servidores públicos, sino que debilitan la capacidad del Estado para ejercer control ambiental efectivo, especialmente en áreas rurales donde los ecosistemas enfrentan presiones permanentes.
Intimidaciones y señalamientos desde el ámbito político local
A este escenario se suma la denuncia de intimidaciones y señalamientos sin fundamento que, según Ballesteros Alarcón, provendrían de algunos integrantes del Concejo Municipal de Villapinzón. Desde la dirección general se advirtió que estas actuaciones contribuyen a generar un ambiente adverso para el ejercicio de la función pública ambiental y pueden escalar en riesgos mayores para los funcionarios que cumplen labores en campo.
Frente a estos hechos, la CAR anunció que pondrá la situación en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de las autoridades judiciales competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones disciplinarias y penales que correspondan, conforme al marco legal vigente.
Llamado al respeto institucional y a la responsabilidad pública
Desde la dirección general se recordó que los concejales, en su condición de servidores públicos, están obligados a respetar y respaldar la labor de las autoridades ambientales, y no a desacreditarla ni a promover narrativas o actuaciones que puedan derivar en amenazas, hostigamientos o situaciones de riesgo para quienes cumplen funciones oficiales en el territorio.
El director fue enfático en señalar que la presencia de la CAR en Villapinzón responde exclusivamente al mandato legal de proteger el patrimonio ambiental y la fauna silvestre, y no a intereses particulares, disputas políticas o agendas ajenas a la gestión ambiental.
La protección de la fauna como responsabilidad compartida
Finalmente, la Corporación expresó su agradecimiento a las comunidades de Villapinzón que han respaldado el trabajo institucional y reiteró que la defensa de la fauna silvestre es una responsabilidad colectiva, que exige el compromiso coordinado de autoridades, líderes locales y ciudadanía.
La CAR insistió en que solo a través del respeto institucional, la colaboración comunitaria y el cumplimiento de la ley es posible garantizar tanto la protección de los ecosistemas como la seguridad de quienes trabajan por su conservación en el territorio.La autoridad ambiental también alertó sobre señalamientos e intimidaciones desde el concejo municipal.
La autoridad ambiental también alertó sobre
señalamientos e intimidaciones desde el
concejo municipal.
