Una Auditoría Intersectorial de Cumplimiento realizada en el segundo semestre de 2025 por la Contraloría General de la República encendió alertas de alcance nacional al revelar incumplimientos graves y extendidos en el recaudo, administración y ejecución del Impuesto Nacional con Destino al Turismo. El informe consolidó hallazgos fiscales por $28.310 millones, asociados a recursos correspondientes a la vigencia 2023 y a la presentación tardía de declaraciones del tributo.
El documento del ente de control expone debilidades estructurales en la gestión de un impuesto creado para financiar proyectos de promoción, competitividad e infraestructura turística, y advierte sobre riesgos directos para la correcta utilización de recursos públicos destinados a uno de los sectores con mayor capacidad de dinamización económica en las regiones.
El foco del mayor daño fiscal: embarcaderos fluviales sin ejecución real
El mayor volumen de hallazgos se concentra en la planeación y gestión contractual del proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) en 81 municipios del país. Según la Contraloría, este proyecto presenta presunta incidencia fiscal por $23.006 millones, además de posibles responsabilidades disciplinarias.
El contrato, correspondiente a la vigencia fiscal 2023, se inició el 26 de diciembre de 2023, con un plazo inicial de 20 meses y fecha estimada de finalización para el 25 de agosto de 2025. La meta oficial contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales en diferentes regiones del país.
No obstante, el balance encontrado por la auditoría es contundente: aunque la fabricación de los 88 módulos alcanzó el 100 %, solo cinco habían sido instalados y entregados en funcionamiento al momento de la revisión fiscal.
Municipios con obras entregadas y una brecha que genera alarma
Los pocos embarcaderos operativos se localizan en Puerto Wilches (Santander), María La Baja (Bolívar) y en los municipios de Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista (Magdalena). El contraste entre el avance financiero y la ejecución física deja al descubierto una brecha profunda que, para el ente de control, compromete la racionalidad del gasto y la finalidad social del impuesto.
La Contraloría advierte que esta situación refleja deficiencias severas en planeación, supervisión y gestión contractual, con impactos directos en la eficiencia del uso de los recursos y en la sostenibilidad de las inversiones proyectadas para los territorios beneficiados.
Declaraciones tardías y fallas de control tributario
Otro hallazgo de peso corresponde a la presentación extemporánea de las declaraciones del Impuesto Nacional al Turismo para los años 2021 y 2022, una situación que evidencia vacíos en los mecanismos de control que deben ejercer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
Estas irregularidades tendrían presunta incidencia fiscal por $5.303 millones, además de eventuales responsabilidades disciplinarias, y reflejan una cadena de fallas en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas al impuesto.
Entidades comprometidas y recursos en riesgo
El informe compromete de manera directa la gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el MinCIT, FONTUR y la DIAN, y advierte que las deficiencias detectadas ponen en riesgo recursos estratégicos para la promoción, la infraestructura y la competitividad del sector turístico.
La auditoría subraya que el impuesto nacional con destino al turismo fue concebido como una inversión social, orientada a fortalecer capacidades locales, mejorar la infraestructura y apoyar procesos de formación y promoción en las regiones. Sin embargo, las falencias identificadas reducen su impacto real y afectan la confianza en la gestión pública.
Un examen integral a la gestión del impuesto al turismo
El análisis adelantado por la Contraloría abarcó de manera integral los aspectos financieros, presupuestales y contractuales del impuesto, así como la supervisión de proyectos ejecutados en distintas zonas del país.
La auditoría revisó los procesos de recaudo, declaración, fiscalización, administración presupuestal y ejecución contractual, bajo la administración de FONTUR a través de un patrimonio autónomo.
Este enfoque permitió identificar no solo fallas puntuales, sino patrones de debilidad institucional que afectan la trazabilidad y el control efectivo de los recursos.
Advertencia directa a la DIAN y al sistema de control
En sus conclusiones, la Contraloría advierte que la DIAN no ejerció de manera efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario, a pesar de contar con competencias claras para verificar, liquidar y sancionar el incumplimiento en la declaración y transferencia del impuesto.
Esta omisión incrementa el riesgo de pérdida de recursos públicos, afecta la oportunidad del ingreso de los dineros al Presupuesto General de la Nación y limita la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas de impacto territorial.
El informe deja sobre la mesa una señal de alerta institucional sobre la gestión del impuesto al turismo y abre el debate sobre la necesidad de correcciones urgentes en la planeación, supervisión y control, para evitar que recursos destinados al desarrollo regional sigan quedando atrapados entre contratos, retrasos y fallas administrativas.
$23.006 millones del hallazgo fiscal se concentran en el proyecto de embarcaderos fluviales ejecutado por FONTUR.
