El aumento del pasaje de TransMilenio volvió a ser tema político y jurídico en Bogotá. Durante una sesión de control político en el Concejo Distrital, varios cabildantes cuestionaron la legalidad y la justificación técnica del alza aplicada en 2026, que fijó un incremento de $350 en la tarifa del sistema de transporte público masivo.
En el marco de ese debate, concejales anunciaron la interposición de una demanda administrativa con la que buscan frenar el aumento. La acción judicial fue radicada ante un juzgado administrativo de Bogotá y tiene como objetivo principal que se declare la nulidad del decreto distrital que autorizó el ajuste tarifario.
¿Por qué demandaron el aumento del pasaje de TransMilenio en Bogotá?
Según lo expuesto en el Concejo, la demanda solicita anular el Decreto 007 de 2026, bajo el argumento de que la decisión no se sustentó de manera suficiente en criterios técnicos. Los concejales señalaron que la fijación de tarifas debe responder a modelaciones claras y a factores previamente establecidos, como los costos salariales, la eficiencia operativa del sistema, la gestión contractual y los esquemas de subsidios, entre otros.
Durante el debate, los cabildantes rechazaron la explicación de la Alcaldía Mayor, que atribuyó el incremento al aumento del salario mínimo. Indicaron que, a su juicio, existía margen para ajustar o incluso congelar la tarifa en términos reales, y cuestionaron que esa alternativa no se hubiera considerado. También afirmaron que los costos laborales representarían cerca del 20 % de la operación del sistema y que solo una parte de los trabajadores devenga el salario mínimo.
En ese contexto, uno de los concejales anunció la solicitud de una auditoría forense especial al sistema y confirmó que se presentó una petición formal ante la Contraloría General de la Nación para que investigue el manejo financiero de TransMilenio. Además, se planteó la necesidad de revisar el rol de los operadores privados y avanzar hacia una reforma estructural del modelo de operación y financiamiento del transporte público en la ciudad.
Desde TransMilenio, la gerente del sistema respondió que el aumento del pasaje no obedece exclusivamente al salario mínimo. Recordó que desde finales de 2025 se había proyectado un ajuste de $250, sustentado en variables como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento en los costos del diésel y el gas durante el último año. La entidad precisó que cuenta con alrededor de 35.000 empleados y que la mayoría recibe entre uno y dos salarios mínimos, y señaló que está a la espera de que la demanda avance conforme a los tiempos y procedimientos judiciales.
La acción judicial fue radicada ante un juzgado
administrativo de Bogotá y tiene como objetivo principal que se declare la nulidad del decreto distrital que
autorizó el ajuste tarifario.
