El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, lanzó una advertencia contundente desde Casa Boyacá en Bogotá: “los recientes incrementos en las tarifas de transporte intermunicipal están golpeando a miles de usuarios y se están extendiendo a varias regiones del país”. Según el mandatario departamental, esta situación está generando inconformidad ciudadana, especialmente en municipios donde las rutas son la única opción de movilidad diaria para trabajadores, campesinos, estudiantes y adultos mayores.
Durante una agenda técnica con distintas entidades en la Capital de la República, Amaya Rodríguez precisó que la Gobernación de Boyacá no tiene funciones de control ni vigilancia sobre el costo de los tiquetes, ya que dicha competencia es exclusiva de la Superintendencia de Transporte. Sin embargo, afirmó que el aumento observado en diferentes corredores viales exige claridad inmediata.
Carta a la Superintendencia: exigencia de estudios y justificación técnica
Ante la ola de quejas ciudadanas, la Administración Departamental envió durante los primeros días de enero una comunicación formal al superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave.
En esa carta, solicitó que las empresas transportadoras entreguen un informe preciso en el que expliquen bajo qué estudios, proyecciones y modelos tarifarios fundamentaron los incrementos aplicados al inicio del año.
El gobernador aseguró que varios de esos aumentos no solo carecen de explicación pública, sino que resultan desproporcionados para las economías familiares de la región, que ya enfrentan efectos inflacionarios en alimentación, combustibles y servicios básicos.
Riesgos para los usuarios: aumento de la piratería y transporte ilegal
Amaya Rodríguez también advirtió que ajustar las tarifas por encima de la capacidad real de los pasajeros puede generar un efecto adverso: la expansión del transporte ilegal. Señaló que cuando el costo supera el presupuesto de muchos hogares, proliferan opciones riesgosas y vehículos no autorizados que, además de infringir la ley, ponen en juego la vida de quienes buscan alternativas más económicas.
El mandatario sostuvo que “un incremento sin sustento técnico no solo golpea el bolsillo del usuario, sino que abre la puerta a mercados paralelos que afectan la seguridad y la formalidad del sector”.
Llamado a las empresas y a la Superintendencia
El gobernador fue claro en su mensaje: las empresas deben actuar con responsabilidad social y considerar el impacto real de los ajustes en la población.
Igualmente, reiteró a la Superintendencia de Transporte la necesidad de ejercer de manera plena su autoridad y adoptar medidas que garanticen transparencia, protección al usuario y equilibrio entre la operación empresarial y la capacidad económica de las comunidades.
Finalmente, Amaya Rodríguez reafirmó que el Gobierno de Boyacá seguirá atento a cada denuncia y continuará gestionando acciones que permitan garantizar un transporte ajustado a la realidad regional, seguro y accesible.
El mandatario insistió en que la movilidad es un derecho social y un servicio esencial que debe mantenerse dentro de parámetros justos, especialmente para quienes dependen del transporte intermunicipal para vivir, estudiar o trabajar.
La Gobernación pidió a la Superintendencia un informe
exhaustivo sobre los fundamentos de los incrementos.
