La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas tras identificar un aumento de expresiones que buscan desacreditar a las mujeres que participan en política. Según la organización, durante los periodos de campaña se intensifican ataques centrados en su vida personal, señalamientos sobre su apariencia física, cuestionamientos a su rol social y la sexualización de su imagen, prácticas que alteran el debate público y vulneran su derecho a ejercer liderazgo.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, fue contundente: “En un estado democrático, las mujeres deben estar en el debate político. Intentar excluirlas mediante violencia simbólica y psicológica dirigida a su condición humana empobrece la conversación pública y refuerza estereotipos de género”. Para la organización, estos ataques no solo afectan candidaturas individuales, sino que erosionan la calidad de la deliberación ciudadana.
Brechas persistentes en la representación femenina
Las cifras confirman el estancamiento en la participación política de las mujeres. Para las elecciones al Congreso de 2026, la proporción de aspirantes inscritas es idéntica a la de 2022: el 60% de quienes buscan un escaño son hombres y apenas el 40% son mujeres. Esta tendencia reafirma un rezago estructural en la adopción de medidas afirmativas que amplíen la presencia femenina en cargos de elección popular.
En la Cámara de Representantes, la participación de mujeres incluso descendió. El número de postulantes bajó de 771 a 742, una reducción del 4%. Para esta elección rige por primera vez la Ley 2424 de 2024, que exige que las listas que eligen menos de cinco curules incluyan al menos una mujer. Antes de esta normativa, 19 de los 32 departamentos del país no estaban obligados a cumplir ningún requisito de cuota de género.
En el Senado, la desigualdad también es evidente: solo seis de las 16 listas con cabeza visible están lideradas por mujeres. Para la MOE, este panorama refleja barreras que continúan limitando el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo y a cargos de decisión política.
Un marco normativo que debe cumplirse y hacerse respetar
Barrios Cabrera recordó que desde 2025 entró en vigor un marco jurídico específico para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política. Esto implica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley y garantizar que los partidos y movimientos respondan por prácticas que vulneren la participación femenina.
La MOE insistió en que sin sanciones efectivas, la normatividad pierde impacto y se perpetúan patrones de discriminación que desalientan a nuevas aspirantes y deterioran la calidad de la democracia.
Llamado urgente a un debate público respetuoso
Ante este escenario, la organización convocó a todos los sectores sociales, actores políticos y a la ciudadanía a defender un debate público respetuoso, argumentado y libre de ataques personales. La MOE subrayó que las campañas deben desarrollarse sin expresiones basadas en estereotipos de género y sin discursos que busquen silenciar a las mujeres o restarles legitimidad.
Para la entidad, garantizar entornos seguros, libres de agresiones y de violencia simbólica es condición indispensable para que más mujeres ejerzan liderazgo y aporten a la construcción de un país con una participación política plena y equitativa.
Solo 6 de las 16 listas al Senado encabeza una mujer, reflejo de brechas persistentes.
