La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) enfrenta una de sus mayores vulnerabilidades internas: la manipulación ilegal de sus sistemas informáticos, una práctica que estaría permitiendo que cerca de una tercera parte de las mercancías de contrabando ingrese al país sin ser detectada por los controles aduaneros.
Así lo advirtió el director encargado de la entidad, Carlos Eduardo Betancourt, durante una rueda de prensa en la que también participó el presidente Gustavo Petro, al explicar que el problema se origina en los criterios de selectividad aplicados a las importaciones mediante tres plataformas tecnológicas: Syga, Lucía y Muisca.
Según detalló Betancourt, el proceso inicia cuando el documento de importación ingresa al sistema Syga, encargado de autorizar el ingreso de la mercancía. Posteriormente, la información pasa a Lucía, software que define si la carga recibe canal verde, que permite el ingreso sin inspección física, o canal rojo, que obliga a una revisión detallada. Sin embargo, una porción significativa de las operaciones queda por fuera de estos filtros.
“Una tercera parte del total de las mercancías no es detectada, no queda sujeta a control y pasa directamente a canal verde para ingresar sin inconvenientes al país”, explicó el funcionario.
El director encargado fue enfático en señalar que dentro de la entidad operan redes criminales integradas por funcionarios que acceden de manera irregular al sistema Lucía para modificar la selectividad de las mercancías, alterando los controles y facilitando el ingreso de productos sin inspección.
“Hay funcionarios delincuentes que manipulan el software para permitir que la mercancía entre sin ser detectada. La única solución es cambiar de manera integral estos sistemas”, afirmó Betancourt.
Millonaria inversión para reemplazar los sistemas
Frente a esta situación, la DIAN avanza en un ambicioso proyecto de modernización tecnológica que busca reemplazar los sistemas Syga y Lucía por una plataforma más robusta y segura. El programa tiene un costo total estimado de 250 millones de dólares, de los cuales 99 millones ya han sido invertidos desde agosto pasado.
El directivo también se refirió a los fraudes asociados a devoluciones de renta y declaraciones tributarias, señalando que estos hechos están vinculados a mafias dedicadas a las importaciones ficticias, una problemática que, según indicó, se arrastra desde hace años y afecta de manera directa los ingresos del Estado.
“Ese fenómeno erosiona los recursos tributarios de la Nación. Por eso estamos transformando el sistema de devoluciones automáticas, un proceso que ya muestra una reducción importante de estos fraudes”, agregó.
Redes criminales y múltiples modalidades de fraude
Por su parte, Eva Carolina Madrid, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) —organismo encargado de la vigilancia y control de la DIAN—, reveló los hallazgos de 29 inspecciones realizadas a la entidad recaudadora desde el inicio del actual gobierno.
De acuerdo con Madrid, las investigaciones permitieron evidenciar la existencia de estructuras criminales internas que operan mediante la alteración de los sistemas Syga, Siglo XXI y Lucía, con el fin de facilitar importaciones ficticias y otras operaciones ilegales.
Entre los principales hallazgos se encuentran:
- Sustitución del NIT de empresas legales por el de operadores autorizados o entidades del Estado para ingresar mercancía de contrabando sin controles rigurosos.
- Participación de exfuncionarios de la DIAN, incluso personas ya fallecidas, en operaciones irregulares detectadas en puertos estratégicos del país.
- Comercialización en el mercado negro de cuentas de acceso de funcionarios para realizar operaciones ilegales dentro de los sistemas aduaneros.
- Identificación de 32 empresas importadoras que utilizan el NIT de otros operadores legales para encubrir contrabando.
- Irregularidades en la seccional de Santa Marta, donde diplomáticos y exdiplomáticos habrían importado vehículos de alta gama superando los valores permitidos mediante documentos adulterados.
- Falta de control en zonas económicas especiales, donde la mercancía ingresa con beneficios arancelarios sin la debida supervisión.
- Fraudes en remates de bienes, donde peritos reciben propiedades por valores superiores al comercial para defraudar al fisco.
- Manipulación de trámites del RUT para facilitar el ingreso de materiales ilegales relacionados con minería.
- Pérdidas superiores a $3.000 millones por fallas en procedimientos de devoluciones tributarias.
- Deficiencias en el control de viajeros en Cartagena y Medellín, con registros de divisas en archivos sin trazabilidad.
- Procesos jurídicos irregulares que generaron devoluciones indebidas por $44.000 millones mediante silencio administrativo.
Ingresos fiscales, en riesgo
Ante este panorama, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, aseguró que el Gobierno mantendrá todos los esfuerzos institucionales para corregir estas fallas estructurales, recordando que la financiación de los programas sociales y de inversión pública depende directamente de la solidez del recaudo tributario.
“El fortalecimiento de la DIAN es indispensable para garantizar los recursos que sostienen las políticas sociales y económicas del país”, sostuvo el ministro.
Sistemas informáticos obsoletos facilitan contrabando, fraudes tributarios e importaciones ficticias.
