El municipio de La Calera (Cundinamarca), enfrenta un profundo impacto tras el fallecimiento de un niño, dentro de un Centro de Desarrollo Infantil, el pasado lunes. La familia del menor denuncia presunta negligencia por parte del personal encargado y exige que se esclarezcan las circunstancias del caso.
Según el relato de sus familiares, el niño fue dejado en el centro a las 07:30 a. m. Poco después de las 10:00 a. m., la madre fue informada de que una de las profesoras se encontraba en urgencias con el menor. Al llegar al hospital, el dictamen médico confirmó que el pequeño, de once meses, había ingresado sin signos vitales, pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo.
La familia sostiene que el menor no habría fallecido si hubiese recibido primeros auxilios de manera oportuna. También expresaron su inconformidad con la falta de explicaciones por parte del centro, el cual cerró sus puertas inmediatamente después del hecho y retiró toda señalización, impidiendo cualquier comunicación directa.
¿Qué se sabe de la investigación y cómo actuaron las autoridades?
Las primeras diligencias fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía, quienes acudieron al lugar en horas de la mañana. Sin embargo, los familiares del menor criticaron el procedimiento, asegurando que no se selló el inmueble ni se adelantaron las pesquisas necesarias en el lugar de los hechos.
En la noche, se registró un nuevo episodio que agravó la indignación de los allegados: personas cercanas a las profesoras ingresaron al centro para retirar objetos personales, lo que, según la familia, podría entorpecer la investigación en curso.
La Alcaldía de La Calera confirmó que el niño fue trasladado al hospital en un vehículo particular por una de las profesoras del centro. A pesar de que el menor no presentaba signos vitales al llegar, el equipo médico realizó maniobras de reanimación, incluyendo la administración de adrenalina, aunque sin éxito.
¿Quién vigila y regula estos centros infantiles en Colombia?
Este caso ha puesto en evidencia un problema estructural que va más allá del suceso puntual: la falta de regulación sobre los llamados Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que no funcionan bajo las mismas normas que los jardines infantiles tradicionales.
De acuerdo con la Alcaldía, La Calera no es un municipio certificado en educación, por lo que las labores de inspección, vigilancia y control recaen en la Gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, la ley actual solo regula instituciones educativas oficiales y privadas que ofrecen niveles desde preescolar hasta media, dejando por fuera a los centros que funcionan bajo modelos comerciales o comunitarios.
Estos establecimientos no están obligados a contar con licencia del Ministerio de Educación ni del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que dificulta su supervisión. Autoridades locales han pedido al Gobierno Nacional revisar la normativa vigente para evitar que tragedias como esta se repitan.
La familia pide justicia y respuestas
Mientras avanzan las investigaciones judiciales, los familiares del menor insisten en que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido. También solicitan a la Fiscalía y a la Policía esclarecer si hubo omisiones por parte del centro infantil y si se vulneraron protocolos de atención.
La comunidad de La Calera, por su parte, ha manifestado solidaridad con la familia y exige mayor control sobre este tipo de establecimientos que, pese a atender a menores de edad, operan sin una supervisión clara del Estado.
La familia del menor denuncia presunta negligencia
por parte del personal encargado y
exige que se esclarezcan las circunstancias del caso.
