La Fiscalía General de la Nación reveló una investigación que permitió desarticular una red que instrumentalizaba a niños y niñas indígenas para la mendicidad en parques y zonas concurridas de Medellín.
Entre las víctimas se encontraban menores de la etnia Embera Katío, algunos de apenas cinco años, obligados a acercarse a turistas nacionales y extranjeros para solicitar productos de primera necesidad como leche, medicamentos y pañales.
La ruta del dinero: hasta 180 millones de pesos al mes
El material probatorio expuso cómo los artículos recolectados eran revendidos en droguerías y otros comercios ubicados en inmediaciones del Parque Lleras y Provenza, en el barrio El Poblado.
Según la investigación, la red obtenía ganancias que podían alcanzar los 180 millones de pesos mensuales, combinando la reventa de productos y el dinero entregado a los menores durante las jornadas de mendicidad, según lo informó la Fiscalía General de la Nación.
Ocho capturados e imputados ante juez de control de garantías
Ocho personas señaladas de pertenecer a esta estructura ilegal fueron llevadas ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad con fines de mendicidad. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Entre los judicializados figuran Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.
Más de 900 casos atendidos y farmacias cerradas
Durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía contó con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, entidades que contribuyeron al restablecimiento de derechos de los menores en más de 900 casos ocurridos en los últimos dos años.
Asimismo, fueron cerradas y selladas tres farmacias que habrían hecho parte de la cadena de comercialización de los productos obtenidos mediante la explotación de los niños indígenas.
Más de 900 casos de menores afectados fueron atendidos con apoyo del ICBF, la Alcaldía y Migración Colombia.
