La Contraloría General de la República presentó su noveno informe de seguimiento al Plan Plurianual de Inversiones para la Paz y entregó un panorama que mezcla avances financieros con preocupantes rezagos en la implementación de proyectos estratégicos.
Según el informe, entre 2017 y el primer trimestre de 2025 se han ejecutado $107,47 billones (a precios de 2024), lo que representa el 53% del presupuesto total estimado en $201,5 billones a 15 años. Solo en 2024 se invirtieron $19,2 billones, cifra que refleja un aumento del 16,2% respecto a 2023 y que incluso superó las proyecciones fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017.
Sin embargo, la Contraloría advierte que el 42% de los proyectos del trazador de paz aún no logra vincularse de manera precisa con los productos del Acuerdo Final, y apenas el 17% cuenta con resultados cuantificables y verificables.
Obras por Impuestos y recursos PDET
El informe resalta al Mecanismo de Obras por Impuestos como una de las principales fuentes de financiación, con $3,9 billones ejecutados entre 2017 y el primer trimestre de 2025. Solo en 2024 creció 40,7%, al pasar de $595 mil millones a $839 mil millones.
Ese mismo año, el Fondo Colombia en Paz (FCP), a través de la subcuenta PDET, adelantó 42 convocatorias por $115.831 millones, con énfasis en infraestructura vial y educativa, proyectos productivos, salud y enfoque étnico.
Hallazgos y proyectos cuestionados
Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Contraloría identificó 113 hallazgos en la gestión fiscal de recursos del posconflicto. De ellos, 31 corresponden a hallazgos fiscales por $4.794 millones.
En el sector de Minas y Energía, el 12% de los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos financiados con el OCAD Paz presentan fallas graves: obras sin sostenibilidad ni funcionalidad, lo que evidencia que cuantiosas inversiones no cumplen su propósito por falta de planes de operación, administración y mantenimiento.
Información limitada y seguimiento incompleto
El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) registra retrasos en la actualización de datos, lo que restringe el seguimiento detallado de los avances. El capítulo étnico es uno de los más afectados, al no contar con información desagregada.
La Contraloría subraya la necesidad de establecer metodologías claras para identificar productos en los proyectos del trazador “Construcción de Paz” y de implementar mecanismos que midan el impacto real en los territorios.
Reforma Rural Integral: concentración de recursos y retos
La Reforma Rural Integral concentra la mayor parte de las inversiones. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ejecutó el 32% del presupuesto con $3,84 billones, de los cuales $3,12 billones se destinaron al fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral.
El Plan Nacional de Formalización elevó su presupuesto de $5,83 a $6,26 billones y adjudicó 7.432 hectáreas en 2024. Aun así, el rezago frente a la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas sigue siendo profundo.
En contraste, el Plan Nacional de Electrificación Rural enfrenta un déficit de $10,26 billones: requiere $18,2 billones para garantizar la universalización del servicio, pero solo cuenta con $7,93 billones proyectados.
Planes sectoriales con avances dispares
Los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral muestran avances diferenciados. La mitad enfrenta baja cobertura territorial y débil coordinación interinstitucional.
El Plan de Educación Rural cuenta con un presupuesto indicativo de $45,06 billones y acumuló $27,8 billones entre 2019 y 2025. En 2024 recibió $1,74 billones, de los cuales se obligaron $1,30 billones, con una ejecución del 74,71%.
El Plan Nacional de Salud Rural, adoptado en marzo de 2025, definió un presupuesto de $52,07 billones para municipios PDET, ZOMAC y PNIS. En 2024, el Ministerio de Salud transfirió $633.786 millones, con 2.200 equipos básicos que atendieron a 668.564 hogares en 367 municipios.
Por su parte, el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional comprometió $5,2 billones entre 2020 y el primer trimestre de 2025, con $1,08 billones ejecutados en 2024 a través de INVÍAS y la Aerocivil.
Brechas persistentes y llamado a ajustes
El pilar 1.6, con $8,95 billones, busca fortalecer la producción agropecuaria y la economía solidaria. No obstante, la falta de línea base, la escasa articulación local y las barreras logísticas han frenado que la economía campesina se consolide como motor de desarrollo territorial.
La Contraloría concluye que la construcción de paz no puede depender solo de la ejecución presupuestal. Plantea la urgencia de evaluar programas y proyectos, alinear los objetivos con la contratación y garantizar que cada peso invertido se traduzca en transformaciones duraderas y verificables para las comunidades más vulnerables del país.
Se han ejecutado $107,47 billones en 8 años,
pero el 42% de los proyectos no tiene conexión
directa con el Acuerdo Final.
