La Federación Colombiana de Municipios (FEDEMUNICIPIOS) encendió el debate nacional al recordar que, según la Constitución de 1991, los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa en sus territorios y no tienen superior jerárquico. La aclaración surge tras las declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro, quien afirmó ser “el jefe del alcalde”, refiriéndose directamente al mandatario de Cali, Alejandro Eder, lo que desató una ola de críticas y cuestionamientos en el ámbito político y jurídico.
Autonomía territorial: un principio constitucional inquebrantable
La Federación subrayó que uno de los mayores avances de la Carta Magna fue romper la relación de subordinación que antes existía entre presidente, gobernadores y alcaldes, consagrando el principio de autonomía territorial. Por ello, ningún mandatario nacional puede considerarse jefe de los gobernadores o de los alcaldes, quienes ejercen su autoridad de manera independiente dentro de los municipios y departamentos.
Jurisprudencia que respalda la independencia de los alcaldes
El pronunciamiento no es nuevo ni aislado. La jurisprudencia ha ratificado de manera consistente esta autonomía. En un fallo del Consejo de Estado (Sección Quinta, 26 de abril de 2018) se estableció que las decisiones de los alcaldes no están sujetas a recurso de apelación, pues carecen de un superior jerárquico inmediato.
Del mismo modo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-643 de 1999, precisó que la restitución de bienes de uso público en el ámbito municipal es competencia exclusiva del alcalde, y que ningún gobernador puede revocar tales determinaciones. Estas sentencias refuerzan la independencia de los mandatarios locales frente a presiones o intentos de subordinación.
Democracia local y gobernabilidad en juego
La Federación Colombiana de Municipios enfatizó que el respeto a la autonomía territorial no es un mero formalismo, sino un pilar fundamental de la democracia colombiana. Desconocer este principio —señaló— no solo va en contra del orden constitucional, sino que también debilita la gobernabilidad local, genera tensiones innecesarias entre niveles de gobierno y puede abrir la puerta a conflictos de poder que afectan directamente a las comunidades.
Con este pronunciamiento, la Federación busca cerrar la controversia y recordar que la fortaleza de lademocracia en Colombia depende del respeto a las instituciones y a la autonomía de los territorios, uno de los logros más significativos de la Constitución de 1991.
“Consejo de Estado y Corte
Constitucional blindan
la independencia local”.
