La Contraloría General de la República presentó un estudio que evidencia graves deficiencias estructurales y fallas de planeación en el uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), especialmente en municipios productores de recursos no renovables.
Pese a los cuantiosos ingresos derivados de la bonanza minera y petrolera, los avances en calidad de vida y desarrollo sostenible en estas regiones han sido marginales. Un caso emblemático es el de La Jagua de Ibirico, que ilustra el colapso económico tras el retiro de la empresa minera que operaba en el territorio.
Durante el bienio 2021-2022, se iniciaron 5.426 proyectos de inversión en las regiones, con un valor total superior a los 23,3 billones de pesos provenientes del SGR. Sin embargo, a diciembre de 2024, solo el 63% de estos proyectos se encontraban finalizados. Aunque se financiaron sectores clave, el transporte acaparó $7 billones, relegando áreas fundamentales como salud, educación y medioambiente.
Inversión sin resultados claros
Según el informe, si bien la infraestructura de transporte puede mejorar la conectividad y atraer inversión, muchos proyectos resultan ineficientes, costosos de mantener y no logran disminuir las brechas sociales ni regionales. Más del 50 % de los departamentos han destinado la mayoría de sus regalías a este sector sin comprobar si dichas inversiones han generado desarrollo económico o mejoras en las condiciones de vida.
La Contraloría identificó además más de 125 proyectos, por más de $1,1 billones, dirigidos a alimentación y transporte escolar, convirtiendo las regalías en una fuente para cubrir gastos recurrentes, lo cual está prohibido por la normativa que regula estos recursos.
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Gestión deficiente y falta de planificación
El estudio concluye que el propósito del SGR de mejorar la vida en las regiones productoras se ha visto frustrado por una gestión local deficiente. La falta de capacidad institucional, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, ha comprometido la viabilidad de los proyectos financiados.
Las principales fallas incluyen planeación inadecuada, escasez de personal capacitado, ejecución deficiente, ausencia de estudios previos y proyectos improvisados, lo que ha derivado en sobrecostos, demoras y, en muchos casos, en obras inconclusas.
Aunque el Departamento Nacional de Planeación (DNP) actúa como ente rector del sistema, la autonomía de los entes territoriales para aprobar y ejecutar proyectos ha limitado la eficacia del control y seguimiento de las inversiones.
Duplicidad, dependencia y vulnerabilidad
La falta de coordinación entre el Sistema General de Regalías (SGR) y el Sistema General de Participaciones (SGP) ha llevado a una duplicación de gastos, sin lograr una reducción significativa de las brechas entre los municipios más ricos y los más pobres.
El fenómeno conocido como «pereza fiscal», sumado a la dependencia excesiva de las regalías como fuente única de financiación, ha dificultado el desarrollo integral de las regiones y perpetuado la inequidad. Esta situación ha generado una economía rentista, vulnerable a la volatilidad de los mercados internacionales, afectando tanto a territorios productores como no productores.
La Contraloría también ha detectado, en sus auditorías, graves fallas en la formulación, planeación y ejecución de proyectos financiados con regalías, además de incumplimientos normativos, ausencia de seguimiento técnico y falta de estudios de viabilidad. Todo esto ha resultado en una alta tasa de proyectos inconclusos, inversiones ineficientes y pérdida de recursos públicos.
Transición energética: entre la urgencia y la improvisación
El informe de la Contraloría alerta nuevamente sobre los riesgos de un colapso energético, si no se garantiza una transición energética ordenada y planificada. A partir de 2027, se prevé una reducción progresiva de regalías debido a la descarbonización y al agotamiento de reservas, lo que podría comprometer la seguridad energética, la autosuficiencia en combustibles y la financiación de proyectos sociales.
Frente a este panorama, la CGR recomienda:
- Desarrollar un plan de transición energética claro, con enfoque territorial.
- Incentivar la producción responsable de hidrocarburos, sin frenar de forma abrupta el recaudo por regalías.
- Ampliar y mejorar la infraestructura energética, garantizando el abastecimiento, especialmente de gas.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha reiterado una advertencia contundente: “Sin acciones urgentes, el país podría enfrentar un nuevo apagón.”
Regalías mal dirigidas: se privilegió el transporte (7 billones) sobre la salud, educación y ambiente.
