By Secretaría de Ambiente del Distrito no tiene competencia para declarar utilidad pública zonas rurales
La CAR al ser la máxima ‘Autoridad Ambiental’ en dicha área es la encargada de su administración y manejo.
BOGOTÁ, D.C.
Por:libianb.
La Secretaria Distrital de Ambiente en el marco de las competencias asignadas en el Artículo 66 de la Ley 99 de 1993, es autoridad ambiental para el perímetro urbano de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, lo es área rural del Distrito Capital.
Por esta razón, la Secretaria Distrital ha derogado la Resolución No 00835 de 2015 «Por medio de la cual se declara de utilidad pública e interés social área de terreno prioritarias para consolidar la conectividad ecológica, protección y restauración de los valores ambientales entre los cerros orientales, el área de la ‘Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. y el Rio Bogotá’ y se adoptan otras determinaciones» por cuanto la gran mayoría del área está ubicada en suelo rural de Bogotá donde la autoridad ambiental es la CAR.
Por otro lado, la decisión también tuvo como fundamento que la declaratoria de utilidad pública realizada excedió la delegación otorgada a las Secretarias de Despacho para determinar los motivos de utilidad pública, lo que se traduce en falta de competencia de ésta Secretaría para una declaratoria de este tipo.
La Reserva Regional Thomas Van Der Hammen ubicada en el área rural del norte de la cuidad fue declarada por la CAR, y la decisión de derogar la declaratoria de utilidad pública para la adquisición de los terrenos allí ubicados, no modifica en modo alguno los actos administrativos mediante los cuales el Consejo Directivo de la CAR la creó y estableció su ‘Plan de Manejo Ambiental’.
La CAR al ser la máxima ‘Autoridad Ambiental’ en dicha área es la encargada de su administración y manejo, así como de tomar las decisiones ambientales más convenientes en torno de la misma.
“La decisión también tuvo como fundamento que la declaratoria de utilidad pública realizada excedió la delegación otorgada a las Secretarias de Despacho para determinar los motivos de utilidad pública”.
