By PGN abrió investigación a cinco funcionarios de la CAR
Por presuntas irregularidades en proceso de elección de representantes a entidades sin ánimo de lucro.
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.
La Procuraduría General de la Nació (PGN) abrió investigación disciplinaria a cinco funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), por presuntas irregularidades en el proceso de elección ante el consejo directivo de los representantes de entidades sin ánimo de lucro u organizaciones ambientales no gubernamentales.
El Ministerio Público investiga si el secretario general, José Alfredo Salamanca; la directora de Cultura Ambiental y Servicio Ciudadano, Martha Mercedes Carrillo; la jefe de la Oficina de Control Interno, Claudia Rocío Sandoval Ruíz, y el director de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CAR, Luís Adolfo Romero, habrían podido incurrir en falta disciplinaria al presuntamente adelantar de forma irregular el trámite de evaluación de los candidatos a representantes de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) ante el Consejo Directivo de la CAR, para el periodo 2020-2023.
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Así mismo, busca establecer si hubo presunta omisión en la atención, trámite y respuesta de derechos de petición relacionados con el proceso de evaluación y elección de representantes presentados ante la entidad ambiental.
El ente de control también investiga al exdirector de la Regional Alto Magdalena de la CAR, Juan Carlos Escobar Cristancho, por presunta vulneración del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses en que podría estar inmerso por que posiblemente representó a dos entidades sin ánimo de lucro en el proceso de elección, mientras se desempeñaba como directivo de la autoridad ambiental.
La PGN decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la Administración Pública.
Los funcionarios podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
La PGN decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares.
