La minería ilegal volvió a dejar una profunda preocupación ambiental en la provincia de Ubaté, donde recientes operativos permitieron identificar explotaciones de carbón activas en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa, algunas de ellas ubicadas en áreas de especial importancia ecológica y con antecedentes de cierres, emergencias mineras y daños sobre fuentes hídricas.
Las inspecciones revelaron un panorama alarmante: bocaminas en funcionamiento, carbón listo para comercialización, vertimientos sin tratamiento, intervención de rondas hídricas, contaminación del suelo, afectación de cobertura vegetal y operaciones que, según las autoridades, se mantenían pese a medidas de suspensión ordenadas con anterioridad.
El caso adquiere mayor gravedad porque varias de estas actividades extractivas se realizaban sin título minero ni licencia ambiental, mientras otras habrían continuado operando después del retiro ilegal de sellos de cierre. En algunos puntos, incluso, se reportó la presencia de trabajadores en zonas con riesgos para su integridad y con antecedentes de accidentes fatales.
Más de 17 medidas preventivas contra minería ilegal en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) intensificó las acciones de control contra la minería ilegal en la provincia de Ubaté, luego de evidenciar graves afectaciones sobre los recursos suelo, agua y flora en los municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa.
Como resultado de los operativos, la autoridad ambiental impuso más de 17 medidas preventivas e inició procesos sancionatorios ambientales por presuntas infracciones a la normatividad vigente.
De acuerdo con la entidad, las actuaciones permitieron establecer la existencia de operaciones mineras activas sin los permisos requeridos. También se constató el desacato a decisiones de suspensión previamente adoptadas por autoridades municipales y nacionales.
La situación genera preocupación no solo por el impacto directo sobre los ecosistemas, sino también por los riesgos acumulativos que estas actividades pueden producir sobre el agua, los suelos, la estabilidad del terreno y la seguridad de las comunidades cercanas.
Minas de carbón operaban pese a cierres y antecedentes de accidentes
En Cucunubá, especialmente en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, los equipos técnicos encontraron minas de carbón en plena operación. Algunas de estas explotaciones ya tenían antecedentes de suspensión y clausura por accidentes mineros fatales y afectaciones ambientales.
Durante las visitas, se identificó infraestructura minera completamente activa, entre ella bocaminas, compresores industriales, subestaciones eléctricas, patios de acopio, sistemas de descargue, talleres y zonas de almacenamiento de carbón y material estéril.
En varios puntos también fueron halladas toneladas de carbón listas para su comercialización. Según las verificaciones técnicas, algunas producciones estimadas alcanzaban hasta 900 toneladas mensuales, una cifra que refleja la magnitud de las operaciones detectadas.
La presencia de esta infraestructura evidenció que no se trataba de actividades aisladas o incipientes, sino de explotaciones con capacidad operativa, logística y comercial, desarrolladas al margen de los requisitos ambientales y mineros exigidos por la ley.
Vertimientos, contaminación y afectación de fuentes hídricas
Los equipos técnicos identificaron severos impactos ambientales asociados a estas actividades ilegales. Entre los hallazgos se reportaron vertimientos incontrolados de estériles y residuos de carbón sobre el suelo natural, así como sepultamiento de cobertura vegetal, afectación de potreros y daño sobre bosque nativo.
También se evidenció arrastre de sedimentos hacia quebradas y fuentes hídricas por ausencia de obras adecuadas para el manejo de aguas lluvias. A esto se sumó la descarga directa de aguas residuales mineras sin tratamiento, una práctica que puede alterar la calidad del recurso hídrico y afectar los ecosistemas asociados.
Otro de los impactos identificados fue la contaminación del suelo por hidrocarburos, aceites y combustibles, además de la intervención de rondas hídricas y zonas de protección ambiental.
Las autoridades también documentaron alteraciones geomorfológicas y riesgos de deslizamiento por el manejo inadecuado de botaderos, especialmente en áreas donde los residuos mineros fueron dispuestos sin control técnico ni medidas de estabilización.
Retiro ilegal de sellos de suspensión y presunta información falsa
En varios casos, la autoridad ambiental constató el retiro ilegal de sellos de suspensión y la continuidad de labores mineras pese a la existencia de medidas preventivas vigentes desde años anteriores.
Durante algunos operativos, trabajadores habrían intentado suministrar información falsa a los equipos encargados de las inspecciones, situación que será tenida en cuenta dentro de los procesos administrativos correspondientes.
Las visitas también permitieron establecer que algunas explotaciones se desarrollaban dentro de áreas de especial importancia ambiental, incluidas zonas de protección hidráulica, rondas de quebradas y ecosistemas estratégicos.
Estos hallazgos agravan el panorama, debido a que las actividades extractivas no solo se adelantaban sin autorización, sino que además habrían persistido pese a decisiones previas de suspensión, lo que representa un desafío para el control institucional y la protección de los recursos naturales.
Minería ilegal dentro del Páramo de Rabanal y Río Bogotá
Uno de los casos más graves fue identificado en la vereda Gachaneca, en el municipio de Lenguazaque. Allí, la actividad minera ilegal se desarrollaba dentro del área protegida del Páramo de Rabanal y Río Bogotá, ecosistema amparado por la Ley 1930 de 2018.
En este punto se evidenció extracción y procesamiento de carbón sin permisos ambientales ni título minero. También fueron encontrados vertimientos de aguas de mina directamente sobre el suelo, lo que representa un riesgo para la calidad del recurso hídrico y para la estabilidad ambiental de una zona de alta sensibilidad ecológica.
La presencia de minería ilegal en un ecosistema de páramo genera especial preocupación por el papel que estas áreas cumplen en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y el abastecimiento de agua para comunidades y territorios cercanos.
El hallazgo en Gachaneca se suma a otros puntos críticos identificados en Lenguazaque, donde la presión de actividades extractivas sin control amenaza áreas que requieren protección estricta y manejo ambiental responsable.
Seis bocaminas activas en Espinal Carrizal
En la vereda Espinal Carrizal, también en Lenguazaque, la autoridad ambiental verificó la operación activa de seis bocaminas. Desde estos puntos se realizaban vertimientos directos de aguas residuales mineras, disposición inadecuada de estériles y almacenamiento de carbón a cielo abierto sin medidas de manejo ambiental.
La operación simultánea de estas bocaminas refleja una presión significativa sobre el territorio, especialmente por la combinación de extracción subterránea, residuos mineros, aguas contaminadas y ausencia de sistemas adecuados para prevenir impactos sobre el suelo y las fuentes hídricas.
Según los hallazgos, estas actividades carecían de las condiciones ambientales exigidas para evitar afectaciones acumulativas en el entorno. La disposición inadecuada de material estéril y el almacenamiento de carbón sin control técnico aumentan los riesgos de contaminación, inestabilidad del terreno y deterioro progresivo de los ecosistemas.
Emergencia minera en Sutatausa dejó al descubierto otra explotación ilegal
En Sutatausa, específicamente en la vereda Peñas de Boquerón, se realizó una inspección luego de una emergencia minera que cobró la vida de un trabajador.
Durante la visita, la autoridad ambiental encontró una explotación ilegal de carbón en la que permanecían aproximadamente 15 trabajadores. En el lugar también había cerca de 30 toneladas de mineral listas para ser transportadas.
Además, se evidenciaron descargas directas de aguas residuales mineras y graves riesgos de inestabilidad del terreno, asociados a la infiltración de aguas contaminadas en botaderos de estériles.
Este caso expuso la relación entre minería ilegal, riesgo laboral y afectación ambiental. La presencia de trabajadores en una explotación sin los permisos correspondientes aumenta la preocupación por la seguridad de quienes participan en estas actividades y por las comunidades que habitan cerca de las zonas intervenidas.
“Ponen en riesgo la seguridad de las comunidades y de los trabajadores mineros”
Frente a los hallazgos, Julio César Sierra León, director regional Ubaté de la CAR, advirtió sobre los impactos acumulativos que generan estas actividades ilegales en el territorio.
“Estas actividades ilegales generan impactos acumulativos sobre los ecosistemas, afectan la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, deterioran los suelos y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades y de los trabajadores mineros”, aseguró el funcionario.
La declaración resume la dimensión del problema: no se trata únicamente de minería sin permisos, sino de una actividad que compromete el agua, los suelos, la vegetación, la estabilidad del terreno y la vida de quienes permanecen en zonas de explotación.
Suspensión inmediata, sellos de cierre y procesos sancionatorios
Ante los hallazgos, la Corporación impuso medidas preventivas de suspensión inmediata de actividades, instaló sellos de cierre y abrió procesos administrativos sancionatorios ambientales contra los presuntos responsables.
Estas medidas buscan detener las actividades extractivas ilegales, evitar la continuidad de los daños ambientales y establecer responsabilidades frente a las afectaciones identificadas en campo.
La autoridad ambiental anunció que continuará adelantando operativos de seguimiento y control en la provincia de Ubaté, en articulación con las alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Minería y demás entidades competentes.
El objetivo institucional es proteger los recursos naturales, frenar las actividades extractivas ilegales y reducir las amenazas sobre ecosistemas estratégicos del territorio, especialmente en zonas de páramo, rondas hídricas y áreas de protección ambiental.
Una advertencia ambiental para la provincia de Ubaté
Los hallazgos en Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa dejan una advertencia seria para la provincia de Ubaté: la minería ilegal no solo representa una infracción administrativa, sino una amenaza directa para el agua, los suelos, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades.
La operación de bocaminas sin permisos, el retiro de sellos de suspensión, los vertimientos contaminantes y la explotación dentro de áreas protegidas evidencian la necesidad de controles permanentes, articulación institucional y seguimiento riguroso.
En una región donde el carbón ha marcado parte de la dinámica económica y social, el reto está en diferenciar la actividad regulada de las operaciones ilegales que deterioran los ecosistemas y ponen en riesgo vidas humanas.
La protección ambiental, la seguridad minera y el respeto por la normatividad serán determinantes para evitar que estos daños se profundicen y para garantizar que los ecosistemas estratégicos de la provincia de Ubaté no sigan siendo afectados por actividades extractivas sin control.
Se evidenciaron vertimientos sin tratamiento, contaminación del suelo, intervención de rondas hídricas, almacenamiento de carbón a cielo abierto y bocaminas activas.
