La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) emitió una resolución que modifica las condiciones laborales de los perros que prestan servicios en el sector de la seguridad privada en Colombia.
De acuerdo con la nueva norma, los animales solo podrán cumplir jornadas de entre seis y ocho horas diarias, según la función específica que desempeñen y las condiciones de cada operación.
La disposición da cumplimiento a la Ley 2454 de 2025, conocida como “Ley Lorenzo”, aprobada por el Congreso de la República con el propósito de garantizar el bienestar animal y regular el trabajo de los caninos utilizados en tareas de seguridad privada.
Inspirada en la historia de Lorenzo, un perro de servicio que sufrió maltratos mientras cumplía con su labor, la ley se erige como una propuesta ejemplarizante en defensa del respeto, la protección y el bienestar de los animales que colaboran con los seres humanos en actividades de vigilancia, rescate y asistencia.
La decisión ha generado una amplia respuesta positiva entre la ciudadanía y el ámbito político, al consolidarse como un símbolo contra el maltrato y a favor de una convivencia más ética y compasiva entre personas y animales.
“Son animales sintientes, y en el ejercicio de las actividades de vigilancia y seguridad privada es necesario garantizar el bienestar y las condiciones en las que estos animalitos nos ayudan a prestar el servicio”, explicó Larry Sadit Álvarez Morales, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
Límites de jornada y nuevas obligaciones para las empresas
La resolución establece que los perros especializados en detección de narcóticos, armas o explosivos podrán trabajar máximo seis horas diarias, mientras que los caninos asignados a tareas de defensa o acompañamiento tendrán un límite de ocho horas.
El objetivo, según la Supervigilancia, es prevenir la sobrecarga física y el agotamiento que se había detectado en varios operativos de control.
“Lo que se busca es que los animales estén en condiciones óptimas de bienestar. Hemos encontrado casos en los que los caninos eran sometidos a jornadas extensas, sin descanso ni control sanitario adecuado”, precisó Álvarez Morales.
Las empresas que operen con perros de seguridad deberán renovar anualmente su autorización, presentando certificados de salud, entrenamiento y aptitud operativa, junto con pólizas de responsabilidad civil.
Además, estarán obligadas a mantener convenios con clínicas veterinarias disponibles 24/7, implementar protocolos de bioseguridad y garantizar condiciones adecuadas de alimentación, transporte y descanso para los animales.
Un caso detonante: la muerte de “Limonar”
El cambio normativo no surgió de manera espontánea. En noviembre de 2023, durante una inspección en el sector de Fontibón, cerca del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, se reportó la muerte de Limonar, un perro de vigilancia.
Inicialmente, se atribuyó el hecho a un ahorcamiento accidental, pero una investigación posterior determinó que la causa real fue asfixia.
El caso evidenció la ausencia de regulación precisa sobre las condiciones de trabajo y el seguimiento médico de los caninos utilizados en seguridad privada.
“Ese caso puso de manifiesto un vacío normativo y la necesidad urgente de proteger a los animales que trabajan en el sector privado”, señaló el superintendente.
Desde entonces, la Supervigilancia, en coordinación con el Ministerio de Defensa, inició la elaboración de la resolución que hoy reglamenta la Ley Lorenzo y fija estándares mínimos de bienestar animal dentro del sector.
Ley Lorenzo: fundamento legal de la regulación
La Ley Lorenzo, sancionada en 2025, toma su nombre de un perro de seguridad que fue víctima de maltrato en 2022.
Su caso, ampliamente documentado, motivó al Congreso a crear un marco jurídico que regule la vida laboral, el retiro y la protección de los animales que desempeñan funciones en la seguridad privada.
La resolución expedida por la Supervigilancia pone en práctica las disposiciones de esa ley, exigiendo a las empresas bitácoras diarias de servicio que registren la jornada de cada perro, sus revisiones veterinarias y sus periodos de descanso.
“Lo que buscamos con esta Ley es cerrar los vacíos legales e impedir que sigan presentándose prácticas inadecuadas con el uso de animales en el servicio de la vigilancia y la seguridad privada. Aquí hay un mensaje que es absolutamente contundente y es que el bienestar de los caninos no es negociable porque no podemos permitir que en el ejercicio y la práctica comercial del servicio de la vigilancia y la seguridad privada se siga abusando de los animales”, aseguró el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Álvarez Morales.
Dichos registros estarán sujetos a inspecciones periódicas y visitas sorpresivas por parte de la autoridad de control.
Transición tecnológica y reducción del uso de caninos
El superintendente también señaló que esta regulación es el primer paso hacia una transición tecnológica progresiva, orientada a sustituir gradualmente el uso de perros en tareas de vigilancia por sistemas automatizados de detección y monitoreo.
“El fin último es que, en algún momento, estos caninos sean reemplazados por tecnología. Mientras eso sucede, debemos garantizarles condiciones dignas y humanas de trabajo”, puntualizó.
El plan contempla la incorporación de sensores, cámaras térmicas, sistemas inteligentes y drones como alternativas en la detección de amenazas, control de perímetros y patrullaje nocturno, áreas donde los animales han sido tradicionalmente empleados.
Aplicación y alcance
La Supervigilancia aclaró que la resolución aplica únicamente a las empresas privadas de seguridad, sin modificar los programas caninos de la Policía Nacional ni del Ejército, instituciones que cuentan con protocolos internos de bienestar y entrenamiento especializados.
La nueva normativa redefine la forma en que las compañías del sector deberán gestionar el recurso animal, pasando de un modelo operativo tradicional a un esquema regulado, documentado y verificable, con consecuencias sancionatorias para quienes incumplan.
La medida no solo fija límites laborales y protocolos de salud, sino que introduce un componente de responsabilidad ética y técnica, con el que Colombia se suma a los países que regulan el trabajo animal en sectores de seguridad privada.
La Ley Lorenzo busca prevenir el maltrato y dignificar la
labor de los animales en seguridad privada.
