La Procuraduría General de la Nación reiteró a las entidades del Estado las restricciones que rigen sobre el empleo público durante el periodo de Ley de Garantías, en el marco de las elecciones de Congreso de la República y de Presidente y Vicepresidente para el periodo constitucional 2026–2030.
El llamado está dirigido a nominadores, jefes de talento humano y responsables de control interno, quienes deben aplicar las disposiciones de la Ley 996 de 2005, que limita la modificación de la nómina estatal y la vinculación de nuevo personal en los meses previos a los comicios, con el fin de preservar la transparencia electoral.
¿Qué prohíbe la Ley de Garantías en el empleo público durante las elecciones de 2026?
La normativa establece que, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones legislativas y presidenciales, las entidades públicas no pueden modificar ni afectar su planta de personal ni realizar nuevas vinculaciones, salvo las excepciones expresamente contempladas en la ley.
De acuerdo con el calendario electoral, estas restricciones comenzaron a regir desde el 8 de noviembre de 2025 para las elecciones de Congreso y desde el 31 de enero de 2026 para las presidenciales. Su aplicación se extiende hasta el día de la elección y, en caso de una segunda vuelta presidencial, hasta junio de 2026.
La Procuraduría aclaró que estas disposiciones no implican la creación de nuevos requisitos ni autorizaciones adicionales, ni una ampliación del periodo de vigencia de la Ley de Garantías. Rotuló, además, que la autonomía y discrecionalidad de los nominadores debe ejercerse dentro del marco constitucional y legal, sin afectar de manera indebida la gestión del talento humano en las entidades públicas.
Finalmente, el Ministerio Público pidió a los jefes de control interno a reforzar las labores de verificación y acompañamiento institucional, y recordó que el incumplimiento de estas prohibiciones puede derivar en responsabilidades disciplinarias, en desarrollo de su función preventiva.
Durante los cuatro meses anteriores a las elecciones
legislativas y presidenciales, las entidades públicas no
pueden modificar ni afectar su planta de personal
ni realizar nuevas vinculaciones.
