La Contraloría le pasa factura al Ministerio de Transporte y a la ANI por la crisis vial del Llano

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Vía al Llano, Km 18. Foto/Coviandina.
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La Contraloría General de la República lanzó un enérgico llamado al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que tomen medidas inmediatas frente al derrumbe que mantiene bloqueada la vía Bogotá–Villavicencio, una de las arterias viales más importantes del país.

Durante una visita de seguimiento en la zona afectada, el organismo de control instó a ambas entidades a acelerar la estructuración de una nueva concesión vial que permita la adecuación del primer tramo de la carretera, además de asegurar los recursos necesarios para las obras de contención y estabilización del terreno.

Un corredor estratégico con una deuda pendiente

De acuerdo con la Contraloría, los contratos de concesión vigentes entre la ANI y las firmas COVIANDES y COVIANDINA permitieron la construcción y puesta en servicio de 52 kilómetros de doble calzada entre Cáqueza y Villavicencio, con altos estándares técnicos.

Sin embargo, el primer tercio de la vía (Usme–Cáqueza), de 34 kilómetros, permanece sin modernización desde hace décadas, bajo un esquema de operación y mantenimiento básico, sin obras de ampliación ni refuerzo estructural. Ese tramo, según la Contraloría, es hoy el más vulnerable y el que más afecta la movilidad hacia los Llanos Orientales.

El derrumbe del kilómetro 18: un punto crítico que frenó al Llano

El derrumbe ocurrido en el kilómetro 18, donde se desplomaron más de 200.000 metros cúbicos de material, ha dejado completamente interrumpido el paso vehicular. Este evento, considerado uno de los más severos de los últimos años, ha evidenciado la fragilidad del corredor vial que conecta Bogotá con Villavicencio y Yopal.

La Contraloría advirtió que esta situación pone en riesgo la continuidad de una vía en la que la Nación ha invertido más de $11 billones entre 1994 y 2024. Cada cierre, señaló el organismo, impacta directamente el comercio, el transporte de alimentos y la economía de los Llanos y la Orinoquía, regiones que dependen casi por completo de este corredor.

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Urge una concesión integral y nuevas fuentes de financiación

Ante la magnitud del daño, la Contraloría reiteró su solicitud al Ministerio de Transporte y a la ANI para que estructuren de manera inmediata una concesión integral que se encargue de financiar, construir, operar y mantener las obras necesarias en el primer tramo de la vía, así como de intervenir los 60 puntos críticos identificados a lo largo del trayecto.

El propósito, según el organismo, es garantizar la conectividad permanente en los 338 kilómetros que unen Bogotá con Yopal, optimizando las inversiones realizadas y reduciendo los prolongados cierres que desde 2018 han golpeado al sector productivo del oriente colombiano.

De acuerdo con la información suministrada por la ANI, el derrumbe del kilómetro 18 es un evento imprevisible e irresistible, ajeno a las obligaciones del concesionario, debido a su magnitud y complejidad ambiental. Sin embargo, la Nación ya ha tenido que aportar recursos públicos para atender la emergencia.

La Contraloría advirtió que los $9.134 millones actualmente apropiados para las obras de remoción y estabilización son insuficientes y pidió definir nuevas fuentes de financiación para lograr una solución definitiva.

Pérdidas millonarias y una región que no puede detenerse

El organismo de control insistió en que el corredor Bogotá–Villavicencio–Yopal es mucho más que una carretera: representa la conexión vital entre el centro del país y los Llanos Orientales, región llamada a liderar el crecimiento agroindustrial y alimentario de Colombia en las próximas décadas.

Desde 2018, los cierres constantes de la vía han generado pérdidas que superan los $1,5 billones para los departamentos del Meta y Casanare, afectando el turismo, el comercio y la competitividad.

La Contraloría concluyó que el Estado debe apostar por una solución estructural y definitiva, no solo para recuperar la movilidad, sino para asegurar el desarrollo sostenible de una región que alimenta al país y conecta su corazón con la Orinoquía.

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Trabajos de despeje de la vía al llano. Foto/Mintransporte

La Nación ha invertido más de $11
billones en la vía,
pero el corredor sigue colapsando.