Por Redacción
Investigación disciplinaria contra los representantes legales de los Fondos de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) ha ordenado la Procuraduría General de la Nación (PGN). Esta medida se toma debido a los presuntos retrasos en la ejecución de obras en instituciones educativas ubicadas en Málaga, Santander, así como en Chinchiná, Neira, Supía y Pácora en Caldas.
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha incluido en el expediente a Francisco José Schwitzer Sabogal, Carlos Andrés Salazar Pajoy, Isabel Cristina Herran Enciso, Martha Mogollón Parada y Adriana González. Estos particulares, en ejercicio de funciones públicas, estarían involucrados en la falta de medidas para asegurar la finalización de las obras de construcción de colegios.
Según la Procuraduría, se han detectado posibles irregularidades en la planeación, seguimiento, supervisión y ejecución de las labores a cargo del FFIE. A pesar de la relevancia de estos proyectos, que deberían haber sido concluidos en aproximadamente un año, algunas obras llevan más de tres años sin ser entregadas.
El Ministerio Público advirtió que los retrasos en las obras podrían ocasionar un aumento en los costos para el Estado y afectar negativamente a la población beneficiaria debido a una inadecuada planeación contractual.
La investigación tiene como objetivo verificar la existencia de las irregularidades denunciadas, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y establecer si los involucrados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El FFIE enfrenta acusaciones de mala gestión y posible incremento en los costos para el Estado.
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