Con la entrada en vigor del nuevo modelo de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas e hizo un enérgico llamado a la Fiduprevisora S.A. para que cumpla cabalmente lo estipulado en el Acuerdo 03 de 2024. La preocupación central: evitar improvisaciones y garantizar que los más de 800 mil beneficiarios —entre docentes activos, pensionados y sus familias— tengan acceso pleno, oportuno y de calidad al sistema de salud desde el 1 de agosto de 2025.
El Ministerio Público advierte que la Fiduprevisora, como vocera y administradora del Fondo, tiene la responsabilidad directa en la contratación, articulación y supervisión de la nueva Red de Prestadores. Por ello, desde el primer día de operación, deberá asegurar:
- La continuidad ininterrumpida del servicio en todo el territorio nacional.
- La atención sin barreras ni restricciones para los afiliados.
- El cumplimiento riguroso de los estándares de calidad y oportunidad definidos en el Manual Técnico del Acuerdo 03, con especial énfasis en urgencias, entrega de medicamentos, atención especializada y servicios de mediana y alta complejidad.
- El acceso a redes de prestadores habilitados, contratados y con cobertura nacional real.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, instaló el pasado 20 de junio una mesa técnica permanente de seguimiento, desde donde se ejerce una vigilancia estricta con fines preventivos y de control de gestión sobre el nuevo régimen de salud del magisterio. “La vida y la salud de los docentes no pueden quedar en riesgo por fallas operativas o retrasos administrativos. El cumplimiento del Acuerdo 03 no es negociable”, advirtió.
En línea con esa determinación, el pasado 29 de julio, la Procuraduría sostuvo una reunión urgente con los directivos de la Fiduprevisora, donde se exigió adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la transición sin traumatismos.
Este escenario demuestra que la salud del magisterio es un derecho inviolable que no puede estar sujeto a improvisación ni a intereses burocráticos o financieros. La Procuraduría seguirá actuando con firmeza para proteger ese derecho y garantizar que el nuevo modelo arranque con garantías reales para los educadores del país.
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