Gregorio Eljach Pacheco, Procurador General de la Nación, encendió las alarmas tras revelar que al menos 20 entes territoriales del país han desatendido la obligación legal de actualizar sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento normativo en Colombia.
La denuncia fue hecha en el marco de las funciones preventivas del Ministerio Público, que reiteró la urgencia de que estos planes se actualicen conforme a los cambios normativos, los planes de desarrollo, el ordenamiento territorial y, sobre todo, las necesidades actuales de las comunidades.
Ocho municipios de Cundinamarca rezagados
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública fue la encargada de realizar la revisión técnica, que arrojó un resultado preocupante: ciudades capitales como Cali, Manizales, Popayán, Pasto, Neiva, Riohacha, Villavicencio y Sincelejo figuran entre los entes que no han cumplido con la actualización de sus PGIRS.
Pero el incumplimiento no se limita a las capitales. También se identificó un grave rezago en municipios estratégicos de Cundinamarca, como Madrid, Funza, Cota, Chía, Mosquera, Soacha, Ricaurte y Cajicá; Yumbo, en el Valle del Cauca; y Itagüí, Bello y La Estrella, en Antioquia.
Una omisión que compromete el futuro ambiental
Los PGIRS son herramientas clave para una gestión ambiental responsable y sostenible. La falta de actualización de estos planes no solo implica un incumplimiento legal, sino que además debilita la capacidad de los gobiernos locales para enfrentar retos urgentes como el cambio climático, la expansión urbana descontrolada y la adecuada disposición de residuos sólidos.
«Actualizar los PGIRS no es una opción, es una obligación legal y una responsabilidad ambiental con la ciudadanía», señaló el Procurador Eljach Pacheco, quien además hizo un llamado contundente a los alcaldes y autoridades locales para que corrijan cuanto antes estas omisiones.
Posibles sanciones disciplinarias en el horizonte
La Procuraduría fue clara: de persistir estos incumplimientos, se contemplan acciones disciplinarias contra los mandatarios y funcionarios responsables. La omisión técnica y administrativa frente a estos planes podría derivar en sanciones por negligencia, desidia o vulneración del interés general.
El Ministerio Público advirtió que la supervisión será constante y que se mantendrán activas las funciones de vigilancia para garantizar que los territorios actúen con responsabilidad frente a sus compromisos ambientales.
Alcaldes podrían enfrentar sanciones por negligencia en la gestión de residuos sólidos.
